El ex alcalde de Misantla y actual diputado local, Othón Hernández Candanedo, es recordado en su municipio por dos razones: por tratar de fomentar “La Despescuezada” y por un presunto daño a la Cuenta Pública 2018-2021 por 28 millones 300 mil pesos.
En 2019 se armó un escándalo porque alguien subió a las redes un video grabado en la comunidad de Paso Blanco, donde un pato colgado de una soga por las patas, sufría los embates de unos desadaptados que le jalaron el pescuezo hasta matarlo. Las sociedades protectoras de animales pegaron de gritos y exigieron parar esa barbarie, no así don Othón que justificó la salvajada.
Dijo que La Despescuezada tenía cien años de antigüedad y era parte de las tradiciones carnestolendas de Misantla por lo que la promovería como atracción turística.
A pesar de que las protestas arreciaron, Hernández Candanedo siguió con su abominable promoción. Indicó que hablaría con los diputados encargados de la protección de animales, para convencerlos que La Despescuezada no era un criminal atentado a la vida de las aves, sino una bonita y pintoresca tradición. Felizmente su idea no prosperó, pero varios patos tuvieron una muerte cruel.
Lo otro, el faltante por más de 28 millones de pesos, no es algo que le quite el sueño y menos ahora que es diputado.
De entre las muchas bondades que tiene nuestro sistema político, destaca el hecho de que un alcalde en funciones puede aspirar a otro cargo de elección popular como por ejemplo una diputación. Basta con que pida permiso para competir y si pierde regresa a la alcaldía, pero si gana… también; hasta que tome posesión de su nuevo encargo.
Eso hizo don Othón que ganó la diputación por su distrito y fue nombrado Presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso, con lo que le tocará analizar las torcidas cuentas públicas de la mayoría de ex alcaldes, entre ellas la suya.
Esto que a todas luces es un conflicto de intereses, no está previsto en la Ley de Fiscalización de Veracruz. Nadie prohíbe a legisladores que ocuparon una presidencia municipal, obtener información de primera mano sobre la revisión de los recursos en su periodo como alcaldes. Es decir, pueden ser juez y parte de ellos mismos.
Don Othón dijo que se declarará impedido para conocer el asunto de Misantla, pero nadie le creyó. Es como si a ti no te cuadran los números de los estados de cuenta de la empresa que te encargaron administrar, y sabes bien la razón. Pero de repente alguien te dice “aquí tienes este borrador por si te hace falta borrar algo y corregir tus números”, ¿qué haces, lector?
A pesar de que la Auditoría Superior pidió públicamente a los legisladores que fueron munícipes, se excusen de conocer antes que el resto de los diputados el resultado de las auditorías a sus municipios, eso no va a suceder. Tendrán acceso a información privilegiada.
Y no sólo es Hernández Candanedo el que arrastra “inconsistencias”; son varios los que cojean del mismo pie, pero podrán resarcir el daño al menos en el papel. Incluso diputadas como Lidia Irma Mezhua podrá, por si hace falta, echarle una mano a su hermano el ex alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua y todo quedará en familia.
Mientras no se exija a estos sujetos terminar el periodo para el que fueron votados y buscar otro cargo de elección popular, pero cuatro años después de que dejen el inmediato anterior, seguirán ocurriendo estos asaltos al erario; asaltos que quedarán impunes.
Verás lector que después de la revisión que se haga del presunto desvío de recursos por 172 millones de pesos que les imputan a seis ex alcaldes que ahora son diputados, el Congreso emitirá un boletín con la lacónica frase: “Esos millones ya fueron solventados”.
Y asunto arreglado.
