* SSP no tiene contratos con las empresas de grúas que hacen el arrastre de vehículos; les cobran un “moche”
* El IVAI encubre las corruptelas en la SSP
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El actual secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, mantiene las situaciones de corrupción en esa dependencia.
Seis meses y medio después de que tomó posesión del cargo las situaciones de corrupción y de violencia en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, se mantienen.
Los hechos muestran que en el gobierno de Cuitláhuac García, no hay interés de proteger los intereses de los ciudadanos, pero si la intención de mantener los negocios de corrupción al amparo del poder y que por lo mismo tampoco se quiere tener transparencia de las acciones del gobierno, porque en Veracruz el IVAI está al servicio del gobierno del estado.
Su condición de capitán de navío de la Armada de México y la honestidad que supuestamente tienen los militares, no se ha notado en su cargo.
Nada más un ejemplo para mostrar que con Cuauhtémoc Zúñiga se mantiene la corrupción en la SSP y por lo mismo se extiende la sombra de la sospecha de que es parte de la misma.
Porque, si alega que no está enterado de la corrupción, eso mostraría muy poca eficacia para ejercer el cargo. Y si reconoce que sabe, pero no ha hecho nada, o es cómplice o es un … ineficiente total.
¿Qué sería lo peor en un caso así?.
Este es un ejemplo, tan solo de la corrupción que Cuauhtémoc Zúñiga solapa en la SSP y de la cual es probable que hasta se beneficie:
El gran negocio del arrastre de vehículos por las grúas que trabajan con la SSP.
Más allá de los funcionarios involucrados en este negocio ilícito (porque no está regulado por ninguna ley ni de manera legal alguna -quién sabe que clase de acuerdos extralegales existan-) nadie sabe con cuántas empresas tienen tratos los titulares de la SSP ni cuál es el mecanismo para otorgarles la prebenda de hacer el arrastre de vehículos y cobrar lo que se les pegue la gana.
Porque la SSP no tiene firmado ni un contrato, ni uno solo con alguna de las empresas que hacen el servicio de arrastre de grúas.
El 19 de agosto de 2022 se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ante la negativa de la SSP a proporcionar información sobre dichos contratos.
A la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitó:
– Nombre de las empresas con las que la Secretaría de Seguridad Pública tiene contratos para la prestación del servicio de arrastre de vehículos y/o de grúas, enunciadas por ciudad donde operan y en caso de se exclusivas para una de las subdependencias de la institución, señalarlo de esa forma
– Forma de adjudicación del contrato a cada una de dichas empresas y fecha en la que se les otorgó
– Nombre del propietario y/o representante legal de las mismas, así como su domicilio fiscal de cada una
– Forma y monto de la contraprestación acordada entre la SSP y dichas empresas, por cada una.
La respuesta emitida, en cambio evidenció los tratos “bajo la mesa” que tienen las autoridades de la SSP con las empresas grueras, en particular, Ulisés Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, entidad que es la que debería de tener el registro y control de dicho contratos.
Ulisés Rodríguez es el hombre más cercano a Eleazar Guerrero, el primo del gobernador Cuitláhuac García, lo cual podría llevar a pensar que el negocio del arrastre de vehículos con las grúas que “trabajan” con la SSP puede llegar hasta el mismo gobernador.
Ulises Rodríguez mediante el oficio SSP/UA/DRMSG/4706/2022, expresó que:
“… no se obtuvieron resultados positivos en los que este sujeto obligado a través de esta Unidad Administrativa, haya celebrado alguna contratación para la prestación de servicios de arrastre de vehículos y/o de grúas, como se describe en la solicitud”.
Esta situación irregular es conocida por el actual secretario de Seguridad Pública, porque antes de asumir ese cargo, fue el Subsecretaría de Operaciones de la dependencia desde 2019.
Sin embargo, seis meses y medio después de tomar posesión del puesto (el 24 de octubre el Congreso de Veracruz aprobó por la mayoría de Morena la dispensa para que Cuauhtémoc Zúñiga asuma el puesto, al no ser veracruzano), nada ha hecho para regular esto, que es un gran negocio discrecional.
La honestidad proclamada de los navales, en entredicho y algo más.
Este es un “negocio” que pudo rondar en los 67 millones de pesos, tan sólo en 2021, de acuerdo con la misma información proporcionada por la SSP y el cálculo de los costos reales que cobran las empresas grueras a las personas que tienen la desgracia de que se lleven sus vehículos por cualquier circunstancia.
(El detalle del cálculo lo puede ver en la columna “Las grúas en Seguridad Pública, un negocio que puede rondar los 80 millones de pesos este año” del 9 de septiembre del 2022).
De acuerdo con la versión de una persona ligada a una empresa gruera, cada una de las mismas le entrega un “moche” a un personero, para que lo haga llegar a las “autoridades” de la SSP.
La fuente no quiso revelar ni el monto ni el nombre de a quien le entregan el dinero porque dice que muy probablemente son cobros diferenciados y distintas personas las que hacen la recolección y que al dar la cantidad que se entrega y el nombre del emisario podrían identificar de dónde salió la información.
Esta versión podría ser desmentida fácilmente por la SSP, proporcionando el detalle de los montos que se obtienen por estos arrastres y las empresas con las que tienen el “negocio”.
EL IVAI ENCUBRE LAS CORRUPTELAS EN LA SSP
Ante el evidente ocultamiento de información, se presentó un recurso de revisión ante el IVAI, el cual quedó en el expediente IVAI-REV-3951-2022-III, asignado a la ponencia del comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, quien notificó la aceptación del recurso el 26 de agosto de 2022.
Más de ocho meses después de que se presentó el recurso de revisión, el IVAI hasta ahora no ha hecho nada para sustanciar el mismo y que la SSP responda del porque no tiene contratos firmados con las empresas grueras o cuál es el mecanismo de operación con las mismas.
Por cierto, José Alfredo Corona es el comisionado que acaba de ser exhibido porque se descubrió que cobra una beca del Conacyt para cursar estudios de doctorado, sin cumplir los requisitos de la misma, además de que se le vincula por estar bajo la tutela de Juan Javier Gómez Cazarin, uno de los hombres “más cercanos” a Cuitláhuac García.
El 13 de septiembre, el pleno del IVAI le concedió a la SSP una prórroga de “hasta por veinte días hábiles”, “debido a que en el presente expediente se encuentra en diligencias pendientes por desahogar”.
O sea, que ni siquiera se dio la prórroga a solicitud de la SSP, si no que se le concedió para darle tiempo para que respondiera.
Esa ampliación la firmaron Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta, el comisionado David Agustín Jiménez Rojas, y el comisionado ponente, José Alfredo Corona Lizárraga.
El 13 de octubre de 2022, un mes en tiempo corrido después, se le advierte a la SSP que “se resolverá con las constancias que obran en autos”.
Fue lo último.
Desde esa fecha, hasta ahora, José Alfredo Corona nada ha hecho por substanciar el recurso, permitiendo el silencio de la SSP en el reclamo por la falta de información.
Ante la falta de respuesta, y más de 6 meses después de que se anunció que se resolvería, se le pidió al IVAI saber la: “Situación por la que sigue sin resolverse el expediente IVAI-REV/3951/2022/III, referente al recurso de revisión con fecha 19/08/2022, para el cual éste 19 de abril se cumplen 9 meses a que fue interpuesto”.
O sea, simple y sencillamente, el porqué no se ha emitido la resolución ante la falta de respuesta.
José Alfredo Corona ni siquiera se dignó responder por si mismo, si no que a través de Ana Silvia Peralta Sánchez, la secretaría de Acuerdos del IVAI, se emitió una evasiva diciendo que “de ser la persona recurrente”, se podrá dar seguimiento al recurso “mediante la consulta oportuna que haga de las notificaciones”.
La petición era muy clara, que indicaran porque no se ha resuelto el caso.
No preguntar el estado que guarda ni como darle seguimiento.
La respuesta de Ana Silvia es además discriminatoria, por lo menos, porque condiciona la información a “ser la parte recurrente”, cuando la misma es publica.
Esta es tan sólo una muestra con dos de sus vertientes, de que en el gobierno de Cuitláhuac García, no hay interés de proteger los intereses de los ciudadanos, pero si la intención de mantener los negocios de corrupción al amparo del poder y que por lo mismo tampoco se quiere tener transparencia de las acciones del gobierno.
