*Academia de policía podría ser un cementerio ilegal
*Decenas fueron esfumados en su sexenio: colectivos
EL PASADO 22 de Mayo del 2020, el Colectivo Solecito que aglutina a familiares de cientos de desaparecidos en el Estado, exigió al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República (FGR) “revisar” inmediatamente la sentencia condenatoria que le habían impuesto al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, porque con la ratificación de nueve años de prisión, indicaron las organizaciones, se corre el riesgo de una “impunidad irreparable”. Y es que de acuerdo al colectivo, a Duarte de Ochoa también se le tuvo que haber juzgado por el delito de desaparición forzada, pero en ese tiempo no se podía debido a que no estaba en el acuerdo judicial con el Gobierno de Guatemala que cumplimentó una orden de arresto con fines de extradición por la cual aún sigue en prisión, pero por delitos distintos a las desapariciones forzadas que durante el aciago sexenio del, ahora, inquilino del Reclusorio Norte, se cuentan por montones. Con todo y eso, Solecito exigió a las autoridades mexicanas “investigar, procesar y sancionar al exgobernador veracruzano por su participación directa en desapariciones forzadas”. De igual manera, demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida a la Secretaría de Gobernación y a la FGR solicitar la revisión de la sentencia al Consejo de la Judicatura. Porque para el organismo no gubernamental, además, “el decomiso de propiedades debería significar la restitución y reparación del daño a familias y ciudadanos que resultaron afectados por la gestión del ex gobernador”.
Y SOLECITO fue escuchado. A Duarte de Ochoa se le notificó de una nueva orden de aprehensión en su contra, precisamente, por desaparición forzada, de tal suerte que agentes de la Policía de Investigación apoyaron a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar la notificación la tarde del lunes. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, y a través de un comunicado, indicó que “el cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido el individuo. De acuerdo con la investigación, esta persona está posiblemente relacionada con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz”, se puede leer en la misiva. Duarte, por supuesto, se negó a firmar el documento, por lo que solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión, y en ese contexto la dependencia reiteró que a Duarte “se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”. Pero la defensa, rauda y veloz, presentó un amparo para que el exgobernador no pueda ser detenido en caso de que autoridades locales busquen ejecutar alguna orden de este tipo por delitos que no ameriten prisión preventiva, además de que solicitaron protección a las autoridades federales contra órdenes de comparecencia, localización y presentación.
PERO EL tema de las desapariciones y exigencia de que se investigue a Javier Duarte de Ochoa no es nuevo. Hace poco más de año y medio, en carta abierta, el Colectivo consideró que el freno del decomiso de bienes al ex mandatario era un acto más de impunidad y displicencia de la autoridad, puesto que ha quedado demostrado que el exmandatario orquestó una red criminal con empresas fantasmas y prestanombres para desviar recursos públicos. “Desde el Colectivo expresamos el rechazo y la indignación que nos genera la resolución emitida. Hacemos un llamado a poner fin a la impunidad”, reiteraron, luego de que un tribunal federal ratificó la sentencia de nueve años de prisión y la multa de 58 mil pesos que un juez impuso al exgobernador por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y en esa misma sentencia se revocó el decomiso de 40 bienes ligados a Duarte. La multa de 58 mil pesos por parte de un juez fue motivo de risa de políticos opuestos al PRI y veracruzanos, pues muchos recordaron que el desfalco cometido durante el sexenio de Duarte en el periodo 2010-2016 alcanzó casi los 70 mil millones de pesos.
Y COMO en México la ley solo se aplica si instancias internacionales intervienen, los colectivos de búsqueda de desaparecidos evidenciaron ante representantes de la ONU lo que realmente ha ocurrido –y sigue ocurriendo- en Veracruz con las desapariciones forzadas, un tema que dista mucho de ser erradicado, y que se ha acentuado en el Gobierno de la Cuarta Transformación. Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito, junto con madres, hijos y familiares pidieron la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tras mostrarle la lista de los cientos, miles de personas que en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa fueron desaparecidas, y otros tantos levantados solo para torturarlos y amenazarlos para que evitaran posturas críticas en contra del aparato de Gobierno.
POR ELLO Rosalía Castro Toss exige “todo el peso de la ley” contra Duarte de Ochoa, ahora que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por el probable delito de desaparición forzada de personas, al estar probablemente relacionado con el caso de la Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. El ex Gobernador, por lo tanto, no puede librarse de los casos de desaparición forzada de personas que se registraron en su mandato. Y es que según la activista, la Academia Estatal de Policía de El Lencero, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, pudo ser un centro de operaciones para la desaparición de personas, ya que llamadas telefónicas de jóvenes que permanecen sin localizar salieron de esa zona. “La mayoría de llamadas de desaparecidos, la mayoría, no todas, caen precisamente ahí, en la Academia de Policía, y ahí estaba Bermúdez Zurita, o sea, todos cómplices y muchos carros, a los chicos se los llevaron con todo y su auto, estaban ahí, y de ahí desaparecieron porque las madres fueron a verlos”. De hecho, la integrante del Colectivo Solecito de Veracruz dice que se comenta que hay un cementerio clandestino en la Academia Estatal de Policía El Lencero, a donde se tenía contemplado realizar una búsqueda, pero todavía no se autorizan los trabajos. Por ello, la orden de aprehensión que se cumplió en contra del ex gobernador de Veracruz fue resultado del trabajo y esfuerzo de los colectivos de personas desaparecidas que buscan a sus seres queridos desde hace años. Asi de simple. OPINA [email protected]
