La idea de volver a darle vigencia a una ley que violenta los derechos humanos debió surgir de algún legislador local de Veracruz. Era necesario colocar un dique de contención a las innumerables críticas al gobierno de la entidad que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, pero gobierna Eric Cisneros.
El descuido y desaseo de la administración pública veracruzana exigía una ley que controlara a la gente que se atreve a denunciar públicamente las anomalías y, al mismo tiempo, se quiere imponer el miedo en la sociedad para evitar ser detenidos con el pretexto de un delito ya rechazado por autoritario: “ultrajes a la autoridad”, que no es otra cosa que resistirse a la detención.
Resistirse a la aprehensión de los policías puede ser desde negarse verbalmente a acompañar a los policías, hasta golpearlos. De este abanico amplio de conductas se valen los uniformados para detener a personas sin haber cometido un delito y meterlos a la cárcel por meses.
Veracruz es uno de los estados donde esta ley volvió a aplicarse por mayoría en el Congreso local, por órdenes del secretario de Gobierno, quien es el que verdaderamente manda en la entidad.
A unos días de haber cobrado vigencia fue detenido un enemigo político, Rogelio Franco Castán. Las condiciones de la detención eran tan frágiles que debieron imputarle ese delito: ultraje a la autoridad, que valió el nombre de Ley Franco en el país.
La detención del entonces candidato a una diputación federal por el PRD no tiene aún sentencia, a pesar de haber sido detenido en marzo. Es decir, lleva nueve meses encarcelado por capricho de quien gobierna Veracruz.
La ley siguió caminando y fueron cayendo contrincantes políticos como Gregorio Gómez, también perredista, quien continúa en la cárcel sin juicio.
Recientemente la detención de seis jóvenes, con el pretexto de la misma Ley Franco aplicada al arbitrio de los policías, llamó poderosamente la atención del líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien ha dicho que no descansará hasta que esa ley vuelva a la congeladora.
Mientras esto sucede se violan los derechos elementales de los mexicanos por el simple hecho de no pensar igual que el gobierno estatal.
Ante esta situación, Monreal convocó al Poder Judicial de Veracruz para que no se convierta en cómplice de la injusticia. El Senador se refiere a los seis jóvenes detenidos por el delito de “ultrajes a la autoridad”.
El interés del Senador llega al punto de visitar a estos jóvenes detenidos injustamente desde septiembre: “A ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad, en donde -según los policías- los habían amenazado con cinco cuchillos o armas punzocortantes. Y es lamentable”. El legislador reiteró que los mexicanos no deben tolerar las injusticias ni se debe mostrar complacencia contra los abusos del poder.
Señala Monreal que el juez de control tiene todo para resolver su libertad; sin embargo, nada se hace para liberarlos y argumentó con firmeza: “No nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo, Veracruz, para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad”.
Pocos son los estados de la república donde esta ley sigue vigente, por lo que advierte el Senador que en otros estados debe haber más casos de personas que injustamente han sido privadas de su libertad, por tal motivo pidió no dejar de luchar y de exigir justicia, incluso convoca a la sociedad para que se una a la protesta.
Indignado, el exgobernador de Zacatecas señaló: “Los jóvenes privados aquí en Pacho Viejo merecen libertad, ellos son inocentes, igual que seguramente mucha gente, no luchamos para esto, para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial”. Y añade: “Visité a los 6 jóvenes privados de su libertad desde septiembre pasado, hace casi cuatro meses por un delito ominoso e inconstitucional. Lo más grave es que no cometieron ningún delito, a ellos los detuvieron en una plaza y después los acusaron de ultrajes a la autoridad”.
Para Monreal el delito no sólo es obsoleto, sino “ominoso e inconstitucional”, por lo que es necesario que se pierda el temor de exigir la libertad de todas las personas que fueron detenidas, sin sentencia, a causa de este delito que no permite fianza, lo cual la presenta como una violación a los derechos elementales de los mexicanos.
El gobierno de Veracruz, en manos de Eric Cisneros, ha utilizado dicha ley desde que le regresaron su vigencia, como un arma política para quitar de en medio a contrincantes molestos. Encontraron con esa restricción autoritaria la mejor manera de acomodarle delitos a quienes son inocentes, pero son contrincantes políticos cuya voz no quieren que se escuche.
Aunque haya sido legal el delito de ultrajes a la autoridad no tienen sentencia. No se trata de un delito grave, porque basta con la palabra de los uniformados para crearle el pretexto para detener a quien sus jefes ordenen. Porque fusionan política y justicia y lo que producen son violaciones muy serias a los derechos humanos.
Ya lo dijo Monreal, al hablar desde hace tiempo de este tema: no se trata de culpar a nadie, sino de que se libere a los inocentes y deje de aplicarse una ley que a todas luces es arbitraria.
El retraso de la aplicación de justicia en Veracruz puede repercutir no sólo en las elecciones del 2024, sino en el avance del desarrollo de los derechos humanos que debe progresar en todo México; sin embargo, hay personajes interesados en regresar al tiempo de las cavernas para resguardar sus intereses y hacer sentir su poder.
PEGA Y CORRE. – La elección para tener un líder nacional de los trabajadores petroleros se presenta más compleja de lo previsto. Por lo pronto los líderes de las 36 secciones sindicales ya tienen su candidato, y es nada menos que Ricardo Aldana, senador priista que no puede hacer más que regresar al pasado… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
