***Mientras, persisten presuntas irregularidades en asignación de plazas
Xalapa, Veracruz.- La intención del Ayuntamiento de Xalapa de despedir a más de cien trabajadores sindicalizados bajo el argumento de una presunta falta de probidad y honradez por haber aceptado plazas laborales continúa generando cuestionamientos y abre un nuevo frente político al interior de la administración municipal.
La autoridad ha intentado sostener los despidos con observaciones derivadas de una auditoría, señalando que diversos trabajadores no habrían cumplido requisitos relacionados con antigüedad, escalafón y exámenes para obtener plazas de base. Sin embargo, nuevas contrataciones y la forma en que históricamente se han asignado las bases colocan el tema en el centro de la polémica.
De acuerdo con información conocida al interior de la administración, durante el mes de febrero ingresó al área del Registro Civil una persona mediante una plaza de base, quien presuntamente tampoco habría cumplido con los requisitos que hoy son utilizados como fundamento para intentar separar a trabajadores. A ello se suman nuevas incorporaciones realizadas durante la presente semana bajo circunstancias similares.
Las contradicciones parecen profundizarse al revisar la estructura administrativa que regula las plazas laborales.
Actualmente no existe una Comisión Mixta de Escalafón formalmente integrada y tampoco existe un reglamento que establezca los procedimientos, criterios o mecanismos para la asignación de bases.
Es decir, mientras se pretende justificar despidos señalando incumplimientos relacionados con escalafón, en los hechos no existiría una norma interna que regule dicho procedimiento.
A ello se suma otro señalamiento que genera fuertes cuestionamientos: según versiones de trabajadores, las plazas de base se han venido heredando históricamente, principalmente a familiares de quienes dejan vacantes, y las nuevas plazas generalmente son asignadas a propuesta del sindicato titular, privilegiando a personas cercanas o familiares.
Del mismo modo, se señala que no existen exámenes de admisión implementados oficialmente ni criterios públicos y transparentes para el ingreso o basificación de personal, por lo que trabajadores consideran contradictorio que ahora dichos elementos sean utilizados como sustento para responsabilizar únicamente a ciertos empleados.
El caso comienza a tomar una dimensión que va más allá de un tema administrativo y coloca sobre la mesa cuestionamientos de carácter político: ¿se busca corregir irregularidades históricas o únicamente aplicar medidas selectivas contra determinados trabajadores?
Mientras más de cien familias enfrentan incertidumbre laboral, las dudas aumentan: si las condiciones señaladas hoy por la autoridad han sido una práctica constante durante años, ¿por qué el criterio cambia ahora y para quiénes cambia?
