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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad número 56/2016, interpuesta por la Procuraduría General de la República, determinando que el Congreso de Veracruz violó la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema anticorrupción, por lo que declaró inválidas las reformas aprobadas en esta materia.
En este sentido, el aún gobernador, Javier Duarte de Ochoa, declaró a través de sus redes sociales que “acataría” el fallo del máximo órgano para la impartición de justicia en el país (la invalidación de los decretos 880, 881, 882, 883 y 887) lo cual demuestra, con la sumisión expresada, el reconocimiento de una conducta transgresora contra los intereses del estado que gobierna y, por ende, dejaría en claro el error de la mayoría priista que lo apoyo en ello, así como sus satélites.
Al respecto, diputados panistas y del PRD, así como sus dirigencias estatales argumentaron desde un principio la violación de un procedimiento jurisdiccional anticorrupción que estaba desapegado del ordenamiento federal en la materia, con la única finalidad de proveer a Duarte de Ochoa de un “blindaje” judicial en aras de salir como mandatario estatal en la impunidad, luego de los numerosos señalamientos que han recaído en éste, debido al manejo corrupto de los recursos de Veracruz.
Por lo anterior, se celebra la decisión de los ministros integrantes de la SCJN y reiteran que seguirá sumándose a los esfuerzos por demostrar, con apego a Derecho, que el todavía titular del Ejecutivo del Estado ha incurrido en faltas graves que deben ser sancionadas ejemplarmente, con el objeto de que el pueblo veracruzano recupere lo que le fue robado y la banda encabezada por Javier Duarte enfrente la Ley.
