*Este miércoles vence el plazo que le dispensó la CNDH
*Detenidos por 9 cadáveres parecerían chivos expiatorios
NOS HICIERON llegar fotografías de los cuatro detenidos como presuntos autores del secuestro, asesinato y siembra de 9 cuerpos a un costado de la carretera Cosoleacaque-La Tinaja, en el entronque a Isla, así como gráficas de la supuesta casa de seguridad y parte de lo decomisado, y la verdad está de risa: en ninguna fotografía se observan armas o pertrechos, y si en cambio, bidones que utilizan quienes transportan combustible ilegal. La propiedad es una choza de palma cubierta con una lona para evitar filtraciones de agua, y afuera se observa un remolque desvencijado color rojo, cuatro colchonetas y sobre estas algunas prendas de vestir revueltas, lo que permite indicar, salvo que nos equivoquemos, que los detenidos se dedican más bien al huachicoleo, y automáticamente surge la pregunta: ¿Cómo es que cuatro individuos detenidos, dos hombres y dos mujeres, lograron someter a nueve y los asesinaron?. Aclaramos, no dudamos que lo hayan hecho, pero insistimos, esas detenciones huelen más bien a chivo expiatorio y solo para salir del paso tras el escándalo generado por el alevoso crimen que pone en evidencia a Veracruz como un Estado donde la crueldad y violencia alcanza niveles de barbarie o sadismo, a tal grado que, al día siguiente de aquellos hechos, otras seis personas fueron asesinadas en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, a pocos kilómetros de la capital del Estado, dos al interior de una vivienda y cuatro sustraídos y llevados a un camino vecinal donde los acribillaron sin que al momento se conozca a los responsables.
Y NO es que dudemos de la eficacia de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, pero las evidencias recientes han demostrado que en ocasiones, en aras de demostrar que trabajan atrapan chivos expiatorios, y acaso por ello, a finales del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz señalando que la detención de 6 jóvenes en Xalapa acusados de ultrajes a la autoridad era “ilegal e injustificada” (en suma, toda una burla abusiva), por lo que pidió al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez iniciar el proceso legislativo para derogar el delito. Se trata de la Recomendación 146/2021 al Ejecutivo por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Y es que policías señalaron que los 6 jóvenes detenidos el pasado 3 de septiembre los agredieron con un cuchillo. El caso cobró relevancia mediática luego de que el Senador, Ricardo Monreal señaló públicamente que se trataba de un hecho injusto e inclusive visitó a los detenidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, además de mostrar los videos de la detención en donde se observa que no hubo oposición por parte de los muchachos, y si actos arbitrarios de la policía y de las autoridades judiciales ya que permanecieron cuatro meses en la cárcel por un delito que no cometieron, como tantos otros políticos y personas que ahora están en prisión solo para demostrar que la FGE y la policía Estatal están trabajando denodadamente.
POR AQUELLOS hechos, y por infinidad que están en igualdad de condiciones, “la Comisión Nacional considera, además, que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad, lo cual resulta en una imputación indebida de hechos y, a pesar de ello, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva”. Por ello, tras exhibir los abusos que se cometen en Veracruz en aras de demostrar que se trabaja, aunque para ello se violente la ley, exige que se proceda a la reparación del daño ocasionado, y requirió además que las autoridades recomendadas colaboren en las quejas que el Organismo Nacional promueva ante la Contraloría General del Estado y la Contraloría General de la Fiscalía Estatal “para que se proceda en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en responsabilidades administrativas”. Paralelamente, también solicitó que se colabore en la presentación de una denuncia de hechos ante la misma FGE para que se proceda penalmente en contra de quienes resulten participantes en los hechos referidos en la Recomendación. “Se solicita al gobernador constitucional de Veracruz que, de manera particular, accione el procedimiento legislativo en el estado, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa Entidad”.
Y ES que las cárceles de Veracruz, desde la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al poder, están repletas de inocentes, mientras que fuera de estas la delincuencia real, la que debería combatirse sigue haciendo de las suyas solapada directa o indirectamente por la autoridad. Basta remitirnos al informe “Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” publicado por la organización México Evalúa que establece que el sistema de justicia veracruzano tiene un 94.3 por ciento de impunidad, lo que determina que la justicia veracruzana tiene solo una efectividad de 5.7 por ciento, cuando la media nacional se ubica en 94.8 por ciento. Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos de cualquier forma alcanzan niveles entre 76 y 86 por ciento, mientras que son 24 las entidades con niveles superiores al 90 por ciento y 17 las que superan la media nacional.
POR CIERTO, el Gobernador tiene hasta este miércoles como fecha límite para acatar la recomendación de la CNDH e implementar las acciones en el Congreso del Estado para derogar el delito de ultrajes a la autoridad; de aceptar la recomendación, el mandatario tiene otro plazo de 15 días adicionales para presentar las pruebas de que está cumpliendo. Y es que si el Gobernante rechazara la recomendación, podría ser llamado por el Senado para “fundar, motivar y hacer pública su negativa”, y posteriormente la CNDH determinará, previa consulta al Senado, si la fundamentación es suficiente para rechazar el exhorto. Si la fundamentación es insuficiente el mandatario deberá informar en otros 15 días si persiste o no en la posición de no aceptar o no cumplir con la recomendación. Si persiste la negativa, la CNDH podrá denunciar ante el ministerio público o ante la autoridad administrativa que corresponda, tanto al Ejecutivo, así como a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables de la violación de los derechos humanos. Vaya caso…OPINA [email protected]
