*Pero no es Atanasio quien debe exonerar a su hijo sino FGE
*Ahora resulta que prestanombre actuaba con transparencia
EN TIEMPOS del nefasto Javier Duarte de Ochoa, cuando alguien cuestionaba a sus familiares más cercanos en torno a la conducta del, entonces, mandatario, ahora a buen resguardo en el reclusorio Norte de la ciudad de México, la respuesta era sin, duda, la esperada: que era un joven que prometía y que haría grandes cosas por el País cuando concluyera su mandato. Los pronósticos, sin embargo, se toparon con pared cuando comenzaron a emerger las empresas fantasmas con las que Duarte de Ochoa y su pandilla saquearon las arcas del Estado, al grado que el gobernante en funciones, Cuitláhuac García Jiménez, tratando de tapar el sol con un dedo en temas que les atañen, ahora dice que el daño patrimonial o desvió de recursos del cordobés adoptivo supera los 34 mil millones de pesos y, por lo tanto, debe seguir en prisión hasta cumplir la sentencia de 9 años que le enderezaron, esto independientemente de las carpetas de investigación que lo persiguen por tortura y desaparición forzada en Veracruz. Pero ahora Cuitláhuac se enfrenta a un escenario similar, pero su padre, el profesor Atanasio García Durán dice que su retoño es honesto, honesto, honesto, y que las notas que se han dado a conocer incluso a nivel nacional respecto de una trabajadora de la SEV que es prestanombres de una empresa que podría ser “fantasma”, no afecta la imagen de Cuitláhuac García Jiménez. Insistimos, eso se decía en tiempos de Duarte, y acaso el maestro tiene razón; tal vez García Jiménez sea honesto honesto honesto, pero sus colaboradores no, sobre todo un primo hermano que se ha enriquecido en lo que va de este sexenio, y sabedor de lo que le esperaría al terminar la gestión, se mueve para obtener la candidatura al senado o, mínimo una diputación Federal que le proteja con el fuero constitucional. Atanasio que como padre defiende a quien hasta hace poco no era nada, dice que “se está haciendo lo que ningún gobernador había hecho (¿alentar la inseguridad y pobreza y mejorar la economía de sus compinches?). Yo creo que el nombre de Veracruz (trascenderá), Cuitláhuac es un ciudadano veracruzano, trabajador, que es honesto”. Por si el maestro García Duran no lo sabe, con su hijo Veracruz ya trascendió, pues de acuerdo a las encuestas, se encuentra entre los peores gobernantes del Estado.
Y ES que es tan evidente la corrupción en torno a la empresa fantasma que representa la empleada de la SEV, Araly Rodríguez, que en el domicilio fiscal que reportó es una tienda ubicada en la calle Huelva, en la colonia Higueras de esta ciudad, y hasta ese lugar habría recibido contratos de más de 100 millones de pesos por parte de dependencias del gobierno estatal. Pero de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior, ninguna dependencia puede firmar contratos con empresas no registradas en el padrón. Además, en el domicilio de Huelva número 12, nadie conoce a Araly Rodríguez, a quien deberían investigar sus cuentas.
PERO LA defensa de Araly Rodríguez Vez, aun cuando la investigación ni siquiera inicia, ya comenzó a engendrar defensas, como la de Rebeca Quintanar Barceló, directora del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien ahora sostiene que la empleada de la SEV a quien el gobernador Cuitláhuac García señaló de ser “prestanombres” de una empresa, sí cumplió con los contratos y calidad de los productos requeridos por parte del DIF, y en ese contexto reconoce la asignación de dos contratos, uno del 23 de julio de 2021 y otro del 12 de julio de 2022. El primero fue el contrato AD-051.21 derivado del AD-23/2021 celebrado para la adquisición de sillas de ruedas y carriolas pediátricas del programa “apoyos funcionales” etapa 2021, cuando se le compraron 32 sillas de rueda para vida diaria -silla sport o activa- por 415 mil 40 pesos; 25 carriolas pediátricas por 187 mil 500 pesos y 75 sillas de rueda para personas con sobrepeso, con un costo total de 622 mil 500 pesos. Todo lo anterior, contando el precio con IVA incluido, suma un pago por 1 millón 421 mil 46 pesos con 40 centavos, monto otorgado en 2021.
PARA 2022, el contrato AD-032.22 derivado de la LS103C80801/016/2022 fue para que proveyera 100 andaderas para adultos con un costo de 72 mil pesos; 400 bastones de cuatro puntos por 96 mil pesos; 133 sillas de ruedas para personas con sobrepeso por un total de 734 mil 559 pesos. El contrato por los equipos anteriores le resultó a Araly Rodríguez Vez en un total de un millón 46 mil 968 pesos con 44 centavos. Tras el anuncio de la investigación que se abrió por este caso, la directora del DIF dijo que solicitó información a la Dirección Administrativa y esta le dio conocer que se entregaron contratos por 2 millones de pesos en los años señalados, pero cumplió con los requerimientos. Además, dijo que el DIF realiza licitaciones tomando en cuenta el padrón de proveedores que tiene aprobado la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
ASUME QUE Araly “participó en el año 2020 y 2021 cada año con un millón de pesos. Se le contrató con dos millones de pesos. Nosotros jalamos a los proveedores del padrón que tiene Finanzas y de esa manera llegó con nosotros. Le pedí a la directora administrativa que me diera un resumen del tema, ellas nos cumplieron en tiempo y forma, entregó productos de calidad y no tuvimos ningún problema”.
Quintanar Barceló además aclaró que la Dirección General no participa en las licitaciones, pues se todo se lleva a cabo a través de un subcomité, la dirección administrativa y a ella únicamente le informan de las empresas que van a participar.
“Se está investigando como dijo el Gobernador. En el área de DIF todo está en regla, entregó en tiempo y forma, nosotros nos vamos por calidad y precio básicamente y la directora administrativa me lo reportó. Nosotros sacamos la relación de proveedores de Finanzas”.
PERO ESO es pecata minuta, ya que en la Secretaría de Salud de Veracruz se encontraron 33 contratos por adjudicación directa por un monto de 62 millones 934 mil 096 pesos y 34 centavos, para Araly Rodríguez Vez, empleada de la Secretaría de Educación que también tiene contratos millonarios en la Secretaría de Seguridad Pública, que suman los 100 millones de pesos, según los documentos exhibidos por el diputado local, Marlon Ramírez Marín que el propio Gobernador reconoce. En fin, el tema amerita una investigación profunda que ponga a cada cual en su lugar, aun con la defensa a ultranza de Atanasio García a su hijo el Gobernador, algo que se duda que ocurra dado que la FGE la maneja Eric Patrocinio Cisneros Burgos. OPINA [email protected]
