No me refiero a las víctimas del Covid que inevitablemente se multiplicarán más allá del 6 de junio. Me refiero a las víctimas de la barbarie; me refiero a los alcaldes, legisladores y a los aspirantes a esos cargos, que están siendo brutalmente asesinados ante la pasividad de una runfla de ineptos (del gobernador Cuitláhuac García hacia abajo) que no sirven absolutamente para nada.
La danza macabra comenzó el pasado 12 de abril cuando fue asesinada la agente municipal de Ixhuatlancillo Catalina Montalvo. La mujer que era militante del PRI viajaba en una motocicleta junto con su marido que también perdió la vida. Dos días después fue ejecutada la regidora única de Texcatepec, María del Carmen Hernández de filiación perredista, mientras viajaba a bordo de una camioneta.
A estos dos crímenes no hubo autoridad que les hiciera caso.
El 11 de noviembre fue asesinada la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín que antes de morir denunció amenazas del secretario de Gobierno Eric Cisneros.
Días antes del homicidio, el 7 de noviembre, el líder estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez denunció públicamente que los presidentes municipales de su partido habían sido amenazados por Eric Patrocinio Cisneros si se negaban a apoyar al gobierno de Cuitláhuac García.
“Se han dado amenazas muy claras de que si no apoyas al partido en el gobierno, concretamente en tal distrito o en tal municipio, hay delincuencia organizada, (te dicen) tenemos formas de entrar con tu municipio y tienes familia, así que atente a las consecuencias”, manifestó Cadena y agregó (evidentemente sin saber la tragedia que vendría después), que entre los alcaldes amenazados estaba la presidenta municipal de Jamapa.
Cuitláhuac dijo en aquella ocasión: “Hemos recibido la lamentable noticia, confirmada, del homicidio de la alcaldesa de Jamapa. Aquí no va a hacer impunidad (sic)” Y eso fue todo. Hasta el momento no se sabe cómo va la investigación ni si ya declaró el secretario de Gobierno sobre las graves acusaciones que le imputan.
Este 12 de febrero al mediodía fue privado de la vida el joven Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván. Según testigos Gilberto estaba dentro de su auto en las inmediaciones del hotel San Carlos (en el municipio de Puente Nacional) cuando unos sujetos se le acercaron y le dispararon. Uno de los proyectiles le dio en la cabeza pero aún con vida lo llevaron a una clínica del IMSS de Ciudad Cardel donde falleció.
En esta ocasión no fue el gobernador sino la Fiscal estatal Verónica Hernández Giadáns la que contó el mismo cuento: “El crimen no quedará impune; se capturará a los responsables”.
Ayer lunes fue asesinada en su domicilio de Cosoleacaque la ex diputada y ex alcaldesa de ese municipio Gladys Merlín Castro, junto con su hija Carla Enríquez Merlín de 27 años. El doble homicidio fue perpetrado alrededor de las 05:00 horas cuando unos desconocidos irrumpieron en su residencia y las ejecutaron.
Gladys fue legisladora y alcaldesa por el PRI, pero su hija se postularía a la alcaldía de Cosoleacaque por Morena.
En funciones de Fiscal, el gobernador Cuitláhuac García soltó un choro poco claro y remató con el mismo y sobado cuento: Los asesinos se van a topar con pared; no habrá impunidad.
Lo cierto es que la violencia se recrudece en escalada sangrienta y ahora son los actores políticos los que están en la mira de los delincuentes ante la inutilidad de las autoridades.
¿Quién será el próximo o la próxima víctima? ¿Cuántos muertos costará la elección del 6 de junio?
Marlon Ramírez condena el hecho
El asesinato de Gladys y su hija Carla, conmocionó a la clase política estatal y nacional; esto se vio en reflejado en las manifestaciones de duelo tanto en redes sociales como en medios de comunicación.
Tras condenar y lamentar ambas muertes, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, pidió que se investigue a los responsables de la filtración de fotografías donde aparecen las víctimas después de ser asesinadas ya que se viola la secrecía de la investigación. Las crudas imágenes circularon en redes sociales y algunas llevaban el logo de la Policía de Cosoleacaque. Por lo que ya imaginarás lector quién las filtró.
Marlon no perdió la oportunidad de tundir nuevamente al Ejecutivo estatal, al manifestar que es una irresponsabilidad del gobernador Cuitláhuac García relacionar el homicidio con un tema de cacicazgo, y usurpar funciones de la Fiscalía General del Estado al salir a dar declaraciones, cuando esa función la debe hacer la titular Verónica Hernández Guiadáns.
“Con esto se genera polarización entre la población pues lejos de buscar esclarecer los hechos se busca enturbiarlos”, indicó Ramírez Marín.
La contestación de los impunes
En conferencia de prensa y en relación con los asesinatos de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, el gobernador Cuitláhuac García dijo: “Un distintivo de mi gobierno es que no hay impunidad”. Y no fue lejos por la respuesta.
Horas después en la ciudad de Agua Dulce a la altura del acceso a la colonia El Suspiro, sujetos armados asesinaron al abogado Salvador Santillán Alegría, ex oficial del Registro Civil y a su esposa Marisol. De acuerdo con testigos los agresores llegaron a su domicilio para ejecutarlos.
También fueron ejecutadas dos personas, hasta el momento sin identificar, en el municipio de San Andrés Tuxtla. Los cuerpos presentaban impactos de bala y se encontraron a un costado de una camioneta.
Esa fue la contestación de los impunes.
