Ayer comenté en este espacio que Veracruz es primer lugar nacional en casos de VIH-Sida, casos de dengue, de influenza, diabetes, tuberculosis y obesidad infantil. Es decir, quienes gobiernan la entidad la están convirtiendo en buena para todo lo malo. Pero me faltó un dato; también es primer lugar en crímenes contra periodistas.
El 25 de noviembre del 2020 el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que Veracruz encabezaba la lista de entidades en donde se ha cometido el mayor número de crímenes contra periodistas. Desde la administración de Javier Duarte hasta la de Cuitláhuac García se han cometido un total de 24.
El funcionario detalló que del 2010 al 2020 se cometieron 138 homicidios contra periodistas en todo el país, pero del 2018 al 2020 “el repunte fue significativo”.
Encinas reconoció que “lamentablemente” en 2020 fue cuando se cometió el mayor número de homicidios de la última década alcanzando la cifra de 19. A partir de la llegada de la 4T y hasta ese año se registraron 38 homicidios contra periodistas. Dos en el mes de diciembre de 2018; 17 en 2019 y 19 en 2020.
En el 2021 nada mejoró porque Veracruz sigue siendo primer lugar nacional en ese renglón. Pero a nivel mundial somos una vergüenza como país en la protección a periodistas.
El 29 de diciembre el Instituto Internacional de Prensa (IPI), informó en Viena que un total de 45 periodistas murieron en 2021 en el ejercicio de su profesión y México es el país más peligroso del mundo para los reporteros. “Siete periodistas mexicanos fueron asesinados este año por su trabajo, con lo que vuelve a liderar el listado anual de reporteros muertos”, dijo IPI.
Este grave problema como que le está pasando de noche al presidente y a los encargados de brindar seguridad. En su conferencia de este martes (Día del Periodista) López Obrador no dijo ni media palabra sobre los periodistas asesinados en su administración. Y menos sobre sobre el hecho de que México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Pero su actitud es hasta comprensible porque si carece de un plan para proteger a la población de los balazos que recibe de la delincuencia a cambio de los abrazos que el propio Andrés Manuel prodiga a los delincuentes, menos tiene un plan para proteger a periodistas. De ahí que los haya soslayado.
Con todo, hay que seguir bregando porque (aunque suene muy trillado) la sociedad tiene el derecho a ser informada y nuestro deber es informar.
Este oficio que algunos llaman profesión o esta profesión que algunos llaman oficio debe seguir siendo la caja de resonancia de quienes no son escuchados.
Quizá pienses que soy cursi lector, pero la voz del periodista hecha noticia debe seguir alzándose no sólo para informar, sino para denunciar los casos de latrocinio, nepotismo y corrupción.
El periodista debe darle voz a la madre que suplica a los delincuentes que la dejen buscar a sus hijos desaparecidos, a los padres de los niños con cáncer que carecen de medicinas, a los miles de desplazados por la violencia, debe darle voz a los pobres y pobrísimos multiplicados en esta administración, a los desempleados, a las mujeres asesinadas o agredidas; a los huérfanos por el Covid.
La del periodista debe seguir siendo la voz que dé a conocer las mentiras que se dicen hasta la náusea desde Palacio Nacional y la represión que se practica en esta entidad.
¿Que hay miedo?, claro que lo hay y más si se vive en Veracruz. Pero con todo y miedo nuestro deber como eslabones del oficio periodístico es seguir informando… y denunciando.
No hay de otra, ni tiene porqué haberla.
Denuncian a jineteros del erario
A mediados de los años ochenta del siglo anterior, un elemento de la Policía Auxiliar invitó a sus amigos a una reunión en su casa con motivo de su jubilación y ese fue su error. El tipo vivía en una zona residencial de esas que quitan el hipo, su casa estaba amueblada a todo lujo, tenía autos de colección, pinturas valiosas y era multimillonario.
¿Cómo le hizo con su sueldo de Policía Auxiliar? Fácil, cada vez que recibía el dinero de los policías (quince días antes de la fecha de pago) lo metía a plazo fijo y se quedaba con los intereses. Es decir, se jineteo la billetiza por casi 30 años, pero fue a parar a la cárcel.
Esto viene a cuento porque el diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín, denunció desde la tribuna del Congreso y también en su cuenta de Twitter, que mientras miles de veracruzanos sufrían por no tener para comer por el COVID, quienes mangonean en el @GobiernoVer obtuvieron 218.8 millones de intereses por tener guardado el dinero público y en 2021 obtuvieron otros 290.9 millones por el mismo concepto. Es decir, por jinetearse la lana de los veracruzanos.
El señalamiento que hizo Marlon es sumamente grave, pero no lo soltó a la ligera sino con pruebas y datos duros, lo que puede provocar un escándalo porque estamos hablando de una jineteada de 509.7 millones de pesos que no son cualquier baba.
El asunto no escaló mucho porque el priista lo dio a conocer a fin de año, cuando todo mundo estaba pensando en los brindis de Navidad y Año Nuevo. Lo que sí llamó la atención fue el silencio del gobierno estatal. Pero por lo que me dijeron Marlon no piensa soltar el hilo de la hebra y el temblor que provoque esta acusación quizá tire de su puesto a más de un funcionario estatal.
Veremos.
