*Saben que alcaldesa negoció con delincuencia y la protegen
*Ambos incurrieron en encubrimiento y deben ser indagados
DICE LA ley que para que se configure el delito de encubrimiento, debe haber existido un delito previo encubierto. En ese contexto, el artículo 400 del Código Penal Federal refiere que se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días de multa, al que: II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe; VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Y en todo eso y más, han estado incurriendo tanto el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues a sabiendas de que la alcaldesa de Sayula de Alemán (y algunos ediles) tenían o tuvieron tratos con la delincuencia organizada –como ambos lo reconocieron finalmente tras los varios escándalos en aquel municipio-, no hicieron nada para remediar la situación, ni siquiera cuando la alcaldesa simuló el secuestro de su hijo denunciando a dos ganaderos de la zona sur a los que la Fiscalía General de la República exculpó, y en cambio turnó la carpeta a la Fiscalía Estatal para que investigara a la munícipe por hechos constitutivos de delito, ya que en el Código Penal se encuentra tipificado el delito de simulación de secuestro, el cual sanciona con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, pero como la señora alcaldesa es o era protegida de Cuitláhuac y Eric, simple y llanamente archivaron su caso en tanto metían en prisión a todos quienes no obedecieran sus instrucciones, como el aún tesorero municipal, Rafael González Cárdenas y el regidor segundo Abimael Merino De los Santos, además de haber despedido a infinidad de empleados y negarse a pagarles su salario de Diciembre y el aguinaldo.
PERO ALGO ocurrió, pues de la excesiva protección a la alcaldesa, de pronto las cosas ya no salieron como las ordenaba, incluso, a la Fiscalía Estatal, ya que Rafael Sánchez Vargas, presidente del DIF Municipal, su queridísimo hermano, fue detenido e imputado por los delitos de amenazas y ataques a la libertad de reunión y de expresión, por lo que deberá permanecer al menos un año en prisión preventiva oficiosa en el reclusorio de Pacho Viejo, salvo que la munícipe se haya peleado con su hermano y haya ordenado su encarcelamiento como lo ha hecho con sus ediles, a los que inventan delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego, lo que nos resultaría difícil de aceptar aunque no imposible dado el autoritarismo que ha mostrado Lorena con todo el respaldo del Estado. Por lo pronto, al hermano el Juez impuso prisión preventiva oficiosa por un año dentro del proceso penal 29/2023, luego de ser aprehendido en un restaurante de Acayucan ubicado en la calle Melchor Ocampo, entre Altamirano y Vicente Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.
EL PASADO jueves, luego de dispensarle todo su respaldo y protección, Eric Patrocinio Cisneros Burgos refirió que el conflicto en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán se originó debido a que los ediles, incluida la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, pactaron con criminales para llegar al cargo y luego rompieron acuerdos con ellos. Según el funcionario, el pleito entre regidores y Sánchez Vargas es precisamente por los espacios que demanda una banda delincuencial “que todo mundo sabe cómo se llama”, pero lo que llama la atención es que si “todo mundo sabe cómo se llama” la banda, el responsable de la política interna del Estado ha guardado silencio en franco encubrimiento, cuando su función es presentar las denuncias correspondientes, o dar la instrucción respectiva a la Fiscal que impuso para que investigue y se detenga a quienes estén involucrados con la delincuencia, poniendo en riesgo a la sociedad sayulense.
Y ES que se quiera o no aceptar, la denuncia verbal de Cisneros, muy parecidas a las que emite el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo obliga a denunciar formalmente los ilícitos de los que tiene conocimiento, pues de lo contrario sería cómplice de un grave ilícito según el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal que a la letra apunta: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
PERO LA fea costumbre de estos Gobiernos de la cuarta transformación es solo abrir la boca y vomitar acusaciones sin respaldarlas, aunque se entienda que no haya procedido ante las autoridades judiciales considerando que hasta hace poco, tanto García Jiménez como Cisneros Burgos dispensaban todo tipo de respaldo a la alcaldesa, pero de pronto ambos acusan, y hasta advierten que en esa demarcación pronto regresará todo a la normalidad, y que ningún grupo criminal va a disputar los espacios públicos de Veracruz. Lamenta Patrocinio que autoridades municipales que emanaron de la voluntad popular se inmiscuyan en temas ilícitos y por ello se generen este tipo de situaciones donde hay disputa por los espacios, llegando incluso a actos violentos. Lo que no lamenta es que estando en conocimiento de los hechos, no haya presentado la denuncia correspondiente, lo que le convierte en cómplice, pero como son los reyezuelos sexenales cree que pueden hacer lo que les venga en gana, que para eso reparten dinero a la población más pobre para que no proteste.
LO QUE llama la atención es que apenas el lunes 16 de este mes, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez arropó a la alcaldesa luego de que los trabajadores que mantenían en su poder el palacio municipal fueron desalojados a golpes por enviados de la Presidenta, y en franca protección asumió que lo ocurrido en aquel lugar fue un “choque” entre trabajadores inconformes y personas cercanas a la presidenta municipal, pero reiteró que su respaldo institucional es a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas como autoridad municipal, “aunque no necesariamente coinciden con sus políticas”; además de que ella ya tramitó formas legales para pagar, pero por una extraña razón los demandantes no quieren aceptar el pago que están exigiendo. En fin, uno se pregunta ¿porque la protección de la munícipe, si como dice Cisneros Burgos, saben que tuvo tratos con la delincuencia que ahora le exige puestos?. Vaya con la cuarta que parece de sexta. OPINA [email protected]
