Ignoro cómo irá la Encuesta sobre la Corrupción en los Municipios correspondiente al año anterior, pero casi puedo jurar que Veracruz se llevará sin discusión el primer lugar. Qué bárbaros han sido los alcaldes. En eso de meterle la mano al cajón del erario han resultado más intensos que sus antecesores.
El ORFIS acaba de dar a conocer que el atraco correspondiente a la Cuenta Pública del 2020 fue por un monto global de 1,671 millones 385 mil pesos. Es decir, si hubieran robado parejo en los 212 municipios, cada alcalde habría timado a sus gobernados con 7 millones 900 mil pesos en promedio.
Pero unos robaron más que otros.
El ayuntamiento del puerto de Veracruz gobernado por el panista Fernando Yunes Márquez tiene un posible desvío de recursos por 88 millones 900 mil pesos y va primero en ese renglón.
Le sigue la alcaldía de Tres Valles que tiene un desfalco de 75 millones 172 mil pesos y es gobernada por José Manuel Díaz Rodríguez. En Pánuco gobierna Fernando Molina que está señalado de malversar 62 millones 346 mil pesos.
El pevemista Bogar Ruiz Rosas, alcalde de Alvarado, tiene señalamientos por 56 millones 827 mil pesos. En Minatitlán donde gobierna el morenista Nicolás Reyes Álvarez, hay un probable daño patrimonial por 56 millones 377 mil pesos.
Llama la atención que en municipios muy pobres los recursos hurtados sean tan grandes como las necesidades de la población y van unos ejemplos. En la alcaldía de Ixhuatlán de Madero encabezada por Ader García Escalante, el desvío es por 32 millones 313 mil pesos.
En Atzalan el hurto es en números cerrados de 29 millones; en Ayahualulco es de 25 millones, en Huayacocotla son 22 millones, Espinal 19 millones, Coyutla 18 millones… la lista es larga.
Pero también hay un presunto daño patrimonial superior a los 1, 880 millones de pesos en el gobierno de Cuitláhuac García que recibió por ese concepto 1, 994 observaciones del ORFIS.
Otro daño patrimonial es en Obras Públicas por más de 170 millones de pesos. Y otro más en los Organismos Públicos Descentralizados por casi 129 millones de pesos. Bueno, hasta la Universidad Veracruzana tiene señalamientos por casi un millón de pesos.
Pero el Poder Judicial y el Legislativo no mancharon su plumaje a pesar de que el año anterior (y este también) se batieron en el fango del pantano. “No se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de un probable daño patrimonial”, dice el informe del ORFIS.
Uno supondría que con los nombres de los presuntos ladrones y las cantidades sustraídas, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, estaría pidiendo que le hagan otro piso al penal de Pacho Viejo para que quepa tanto ratero como va a llevar.
Uno se imagina a los jueces de control redactando a destajo decenas y decenas de órdenes de aprehensión. Pero no; se impuso una vez más la impunidad.
Lo que hicieron los diputados locales con tanta evidencia documentada, fue mandarla por el caño y aprobar la Cuenta Pública del 2020.
Es decir, aquí no pasó nada.
No podría ser de otra manera. No podría serlo con unos bandidos justificando y tapando a los de su ralea.
