*Deben tener informes hasta de cuentas bancarias y amigos
*Espionaje a la sociedad civil pone en riesgo las libertades
AHORA QUE ha quedado demostrado que el Gobierno Federal, a través del Ejército Mexicano realiza labores de espionaje a defensores de derechos humanos –y seguramente a periodistas incómodos, líderes de oposición y gente de la sociedad civil que no comulga con los ideales comunistoides del Presidente en turno-, pese a que Andrés Manuel López Obrador justifica que “el Ejército hace inteligencia, no espía”, (que para el caso es lo mismo), uno se pregunta ¿Por qué esas labores de “inteligencia e investigación” no las aplican contra la delincuencia que tiene sometida al País, ante la complacencia de Gobernadores y de las propias autoridades Federales, porque tanta y semejante violencia no sería posible si no fuera con la aprobación de quienes están a cargo de la seguridad. Y es que los documentos oficiales presentados el viernes por el Portal Animal Político ante el mandatario nacional que reaccionó de manera soez, agresiva y desvirtuando al medio de comunicación acusándolo de corrupto, puso en evidencia que el Ejército si espía a ciudadanos que intentaban dar a conocer algunas de sus acciones, entre otros a Raymundo Ramos, un defensor de los derechos humanos en Ciudad de México, quien dijo a Marian Carrasquero de The New York Times en torno al hecho. “Estás hablando de un ejército de personas con acceso a vigilancia, a tu información personal, a tus movimientos, a tus amistades, a todo. Ellos saben en todo momento en dónde estoy”. Pero el espionaje se extendió a periodistas que investigaban denuncias de que soldados habían acribillado a personas inocentes en Tamaulipas, según consta en documentos, lo que brinda pruebas claras del uso ilegal de herramientas de vigilancia contra civiles por parte de la milicia, y si bien durante años el gobierno ha estado implicado en escándalos por el uso de spyware o un programa espía sofisticado como Pegasus en contra de una amplia gama de personas que se enfrentan a las autoridades, expertos en vigilancia indican que esta es la primera vez que surgen pruebas documentales que comprueban de manera definitiva que el ejército mexicano espió a ciudadanos que intentaban dar a conocer sus fechorías. Documentos entregados en la mañanera del viernes y entrevistas muestran cómo el espionaje que mancilló al gobierno anterior ha continuado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que su gestión no llevaría a cabo este tipo de vigilancia, que calificó de “ilegal” e “inmoral”, aunque habría que reconocerse que el tabasqueño: como dice una cosa dice otra.
LO CIERTO es que las fuerzas armadas de México no cuentan con autorización para espiar a civiles, pero el ejército, que para López Obrador se ha vuelto aún más poderoso, ha hecho desde hace mucho tiempo uso de tecnología de espionaje. En un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2020, descubierto el año pasado en un extenso hackeo a las fuerzas armadas mexicanas, revisado por The New York Times que publicó los hechos, oficiales militares describieron detalles de conversaciones privadas entre un defensor de derechos humanos y tres periodistas que discutían denuncias de que apenas semanas antes unos soldados habían ejecutado a tres civiles desarmados en una confrontación con un cártel. El informe miliciano asegura que el defensor, Raymundo Ramos intentaba “desprestigiar a las fuerzas armadas”, al discutir con reporteros denuncias de ejecuciones extrajuidiciales por parte del ejército, y recomendaba que el ejército recopilara información de sus conversaciones privadas, pero que no la incluyera en las carpetas oficiales del caso, tal vez en un intento de mantener en secreto sus actividades de espionaje. Los exámenes forenses muestran que el celular de Ramos había sido infectado en varias ocasiones por Pegasus -un programa espía extremadamente potente- alrededor del momento en que el ejército produjo el informe sobre sus conversaciones, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto. Pero a pesar de las afirmaciones del presidente de que su gobierno no espía a nadie, la Secretaría de la Defensa Nacional estaba utilizando activamente Pegasus en 2020, cuando el teléfono de Ramos fue hackeado, según tres personas con conocimiento de las licencias de exportación requeridas para vender esta ciberarma fuera de Israel, país donde se fabrica.
LO QUE se sabe es que el programa Pegasus que utilizan las fuerzas armadas es capaz de extraer grandes cantidades de información de un dispositivo digital sin ninguna alerta previa: textos, llamadas telefónicas, contactos, imágenes, incluso su ubicación. López Obrador prometió que nunca espiaría a sus opositores, pero las nuevas pruebas de espionaje militar sugieren que el Presidente, como comandante jefe de las fuerzas armadas, o bien tenía conocimiento de la vigilancia y la toleró, o sus propios subordinados lo desobedecieron, como suele ocurrir, incluso, con los salarios que deberían ser menores al que percibe el titular del Ejecutivo y, sin embargo, solo incrimina al INE, al TEPJF, a la SCJN y otros órganos autónomos sin mirar que su administración está atiborrada de nuevos ricos.
López Obrador insiste, como lo reiteró el vienes, que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizan labores de monitoreo en equipos telefónicos “no de espionaje sino con fines de combate a las estructuras del crimen organizado”, aunque por lo visto, también lo hacen con defensores de derechos humanos, periodistas, ciudadanos incómodos, y acaso dirigentes de la oposición, y tan vez por ello no son fortuitas las conversaciones del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas dadas a conocer con capturas de pantalla por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
A ESTAS alturas, el Ejército ya debe tener en su poder información no solo de direcciones, conversaciones, contactos de personas incómodas a López Obrador, sino hasta cuentas bancarias, depósitos y movimientos que son un riego en manos del Gobierno, pues la investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que, de acuerdo con documentos de la Sedena, dicha estructura militar espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos, como lo está haciendo con otros ciudadanos, lo que nos estaría llevando hacia un régimen autoritario como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde la libertad de expresión, de manifestación y reunión estarían siendo violentadas con la finalidad de que, ante cualquier situación, los protagonistas sean víctimas de una carpeta de investigación y cárcel.
PERO AMLO dice que tiene plena confianza en los mandos militares que realizan labores de inteligencia pues tienen la instrucción de no realizar actos de espionaje, pero la sociedad espiada o acosada no la tiene; más bien desconfía de las fuerzas armadas por una situación como está, aunque es entendible que solo responden a instrucciones superiores de quien desea construir un Maximato en el País para seguir gobernando atrás de quien imponga. Así las cosas. OPINA [email protected]
