*FGE desechó el caso en franca protección al funcionario
*Víctima recurriría a justicia Federal si no avanza su caso
LUEGO DE que el pasado 25 de Mayo, tras varias diligencias en las que la Fiscalía de Justicia del Estado –que suele apegarse al principio jurista de: ´a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas´-, determinara el no ejercicio de la acción penal contra Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pese a las pruebas presentadas en su contra por una mujer que dice haber sido víctima de agresión sexual por parte del super delegado de programas Federales, hechos ocurridos el 22 de Septiembre de 2019, cuando el agresor le introdujo los dedos en los genitales contra su voluntad y, posteriormente, le impuso la cópula, según reza en la denuncia, el abogado Roberto Rodríguez Cruz, quien también se desempeña como presidente del Foro Liberal de Abogados dio a conocer que en un primer momento presentaron impugnación en el fuero común contra la decisión de la FGJ por absolver a Huerta, y ante la cerrazón de la justicia local, decidieron llevar el caso al ámbito Federal, aunque este lunes fueron más allá. Un reportero preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador casi al final de la mañanera; -“Señor presidente, nada más rápidamente. Hay una denuncia en donde le piden su apoyo a usted, es una supuesta denuncia de acoso sexual contra el superdelegado de programas Federales de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el cual ha sido denunciado por una mujer que supuestamente tiene la identidad resguardada 254; su abogado Roberto Rodríguez Cruz pide su apoyo para que se atraiga este caso ya que en la fiscalía de Veracruz, menciona que no quieren abrir la investigación de este delito”. AMLO lo pensó unos segundos y acto seguido respondió: “Sí, que se atienda; ya lleva algún tiempo esto eh, no es nuevo, ya lleva pues como tres años y se menciona de parte de Manuel que es un asunto político…de todas maneras hay que investigar y vamos a pedirle al gobernador que nos ayuden y que se atienda sin impunidad para nadie”.
EL CASO, como puede observarse, ya llegó a la mañanera y AMLO dudó, unos instantes, en darle un cariz “politiquero” como suele responder cuando se trata de acusaciones contra algún funcionarios de la Cuarta Transformación, para luego ser enfático: -sí, que se investigue y que se atienda sin impunidad para nadie-, y acaso la versión estenográfica de la respuesta presidencial ya llegó a las instalaciones de la FGE donde suelen proteger a los amigos del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez o del régimen Federal cuando incurren en actos probados, como lo ha hecho la agraviada al presentar testimonios de sus dichos sin que le hagan caso, mientras cargan la mano a los enemigos, sobre todo a los presos políticos perseguidos por la administración a los que denostan y criminalizan aun antes de emitirse una sentencia definitiva, como fue el caso de José Manuel del Río Virgen, liberado tras seis meses de mantenerlo privado de la libertad por un crimen que no cometió; de Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno y ex diputado detenido inicialmente por ultrajes a la autoridad aunque, posteriormente le han abierto otras carpetas, incluida violencia intrafamiliar en contra de su ex esposa; Tito Delfín Cano, aspirante a la dirigencia Estatal del PAN, ex alcalde de Tierra Blanca y ex diputado local, o Pasino Rueda Canseco, alcalde electo de Jesús Carranza, por solo citar algunos casos.
AHORA, POR instrucciones de AMLO –porque así debe entenderse la orden de que “se investigue sin impunidad para nadie”, Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador y vocero de la Fiscalía Estatal a quien el Presidente pide ayuda para que se aclare el caso, y la fiscala carnala, están obligados a atender el tema de una colaboradora del Delegado de la Secretaría del Bienestar presuntamente violentada por Huerta Ladrón de Guevara, ya que la denuncia en contra del funcionario Federal sigue archivada sin avanzar, y lo que es peor, la FGE determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas. Por ello la defensa de la mujer ultrajada anuncia que acudirá a instancias federales, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado protege a Manuel Huerta por instrucciones del Gobernador García Jiménez, luego de que el acusado se dijera amigo personal del Presidente López Obrador que, por lo visto ya conocía del caso, según lo reconoce en la respuesta al reportero y, curiosamente, el delegado Federal sigue en su cargo, lo que induce a suponer una protección equiparada a impunidad “desde las alturas” en favor del acusado.
LOS ABOGADOS y la dama violentada han presentado toda suerte de pruebas y denuncias, pero si Huerta es amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente nada pasará, por lo que no tardará el mandatario en asumir que el caso son solo “politiquerías” contra su colaborador, aunque se esté afectando a una mujer. Lo que llama la atención es que si Cuitláhuac García Jiménez ordenó todo el peso de la ley para Rogelio Franco Castán por violencia intrafamiliar contra su, ahora, ex esposa, en el asunto que compete a Manuel Huerta guarda silencio, lo que demuestra una justicia de privilegio para unos e inducida con todo rigor para otros. Y es que el delito de violación se acredita y sanciona “a quien, por medio de la fuerza física o moral, tenga cópula con una persona”, así como a quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o parte distinta al pene” que, a decir de la dama, es su caso.
SEGÚN EL artículo 184 del Código Penal, a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende
por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene sin importar el sexo. El mismo ordenamiento señala que cuando el delito se cometa por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión públicos, o en ejercicio de una profesión, empleo o ministerio religioso, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporciona. además de las sanciones arriba indicadas, se impondrán destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, o para ejercer profesión, hasta por cinco años, pero Manuel Huerta sigue al frente de Bienestar.
EN FIN, tal vez con la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya ordenó que se investigue el caso sin impunidad para nadie, Huerta Ladrón de Guevara sea llamado a declarar ante la Fiscalía o un Juez, o de plano sea cubierto el caso por el manto de la impunidad como ocurre en favor de infinidad de morenistas que sirven a ciegas al Presidente en turno. A ver qué pasa. OPINA [email protected]
