*Veracruz y el país un peligro para el periodismo
*Agresiones presidenciales incitan a la violencia
TRAS EL asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez el pasado miércoles 9 de este mes, y luego de que su cuerpo decapitado fuera abandonado sobre las vías del tren que cruza Motzorongo, municipio de Tezonapa -para tratar de simular un accidente ferroviario ya que su motocicleta fue encontrada a pocos metros del cadáver-, en la zona habían surgido diversas versiones que pretendieron demeritar el trabajo del comunicador, como casi siempre sucede en estos casos cuando lo más fácil es enlodar la imagen de alguien para justificar su muerte, pero ante las presiones del gremio periodístico, pero sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha ordenado investigar a fondo ese crimen, a la Fiscalía General del Estado no le ha quedado sino enviar personalmente a la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta que junto con el Fiscal Regional en aquella zona, Lauro Ramos Olmos, un auxiliar de apellido Baizabal y dos agentes ministeriales recorren el sitio y, hasta donde ha trascendido, encontraron un lugar que parece ser una tumba con sangre dónde, al parecer, decapitaron al comunicador u otra persona, aunque existen sospechas de que podría tratarse fosas clandestinas que Valdivia Rodríguez, al parecer, indagaba fiel a su oficio reporteril. No hay mayores datos en torno al hecho, pero luego de los rumores que comenzaban a correr, queda claro que Valdivia Rodríguez buscaba la exclusiva de una gran nota que, finalmente, le hizo perder la vida.
CON TODO y lo anterior, no se esperan grandes avances en las investigaciones que lleven a los responsables, pues ahí están otros casos de comunicadores asesinados en Veracruz como Jorge Celestino Ruiz Vázquez, ultimado de un balazo en La Bocanita, municipio de Actopan, sin que a la fecha se haya ejercido acción penal contra los autores intelectuales y materiales, o el muy sonado de María Elena Ferral acribillada el 30 de Marzo de este año en pleno centro de Papantla, al salir de una notaría, caso por el que se obsequiaron 11 órdenes de aprehensión y solo se cumplimentaron seis, entre éstas, la del periodista José “N”, a quien a la fecha nada le han podido comprobar, y por lo que la Fiscalía había pedido un año más para ampliar las indagatorias, pero el juzgado solo les concedió hasta Noviembre, y ahora el crimen de Valdivia Rodríguez en cuyo caso tuvo que intervenir el Presidente López Obrador para despertar a la amodorrada Fiscalía.
Y ES que de acuerdo a la organización Artículo 19, en México los ataques contra la prensa ocurren cada 10.7 horas a partir de que el Presidente López Obrador se ha dedicado a hacer escarnio de los comunicadores a los que considera indeseables, y tan solo Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo concentran el 48 por ciento de las 406 agresiones, además de que van cuatro asesinatos de periodistas documentados en el primer semestre de este año en el país, de los cuales Veracruz acumula dos, y de continuar la tendencia, el 2020 podría convertirse en el año más violento para la prensa desde que se tienen registros, según los estudios de la agrupación defensora de la actividad de los medios. Y es que solo entre Enero y Junio de este año los ataques contra periodistas y medios de comunicación se incrementaron 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, ya que se registraron 280 agresiones contra las 406 que van en 2020, y eso que el 2019 -primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador-, fue el año más violento contra la prensa en la última década, con 609 agresiones en total. De acuerdo con el registro de Artículo 19, en los primeros seis meses de este año ya se alcanzó 66 por ciento de los ataques registrados en el 2019 y se superó el total de agresiones documentadas en todo 2015.
EN TORNO a los asesinatos de comunicadores, la organización documenta la muerte de María Elena Ferral, el 30 de Marzo en Papantla, y de Jorge Armenta, el 16 de Mayo en Sonora, pero en realidad son cuatro crímenes en el 2020, si se toma en cuenta los casos de Pablo Morrugares, asesinado el 2 de Agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, el 9 de Septiembre en Veracruz, mientras que en toda la administración lopezobradorista van 15 periodistas asesinados. De las agresiones, se trata de amenazas, intimidaciones, hostigamiento, bloqueos y alteraciones de contenido, pero también se registraron 47 ataques físicos, lo que implica un preocupante aumento del 80 por ciento. Se documenta que 199 de los 406 ataques registrados en el primer semestre del 2020 se atribuyen a funcionarios públicos, por lo que aproximadamente una de cada dos agresiones es perpetrada por éstos, lo cual es muestra de intolerancia al escrutinio público, particularmente vinculado a la cobertura de la pandemia, la represión de protestas y la captura del poder público por el crimen organizado. Por género, los ataques contra las mujeres periodistas casi se duplicaron al pasar de 56 a 111 en lo que va del 2020. Las agresiones en coberturas de protestas, como los movimientos de mujeres que exigen justicia, representan más de 16 por ciento de los casos.
LO QUE llama la atención es la simpleza del Gobierno Federal que argumenta que hasta el mes de Julio había 1 mil 282 personas en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que representa un incremento de más de 50 por ciento de los casos que se han incorporado, lo cual obedece a una mayor confianza en las instituciones del nuevo gobierno, cuando en realidad es producto de mayor persecución, postura vertida pese a que en el 2019 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que era fundamental priorizar la atención de las causas que generan riesgos a este sector, junto con la prevención de casos, ya que de no hacerlo no se disminuiría la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se volvería ineficaz e insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían aproximadamente 3 mil 400 las personas beneficiarias acogidas al mismo.
EN FIN, ese es el escenario que prevalece actualmente para el gremio reporteril gracias al permanente golpeteo del presidente Andrés Manuel López Obrador a comunicadores que no comulgan con sus idealismos, y contra los que mantiene un severo seguimiento en todos los órdenes que van desde el pago de impuestos en tiempo y forma, auditorías o agresiones verbales usando los medios nacionales que tiene a su alcance. Vaya caso. OPINA [email protected]
