*Tener policía civil en el mediano o largo plazo ¡ni soñarlo!
*Están cerrando grupos radiofónicos en Xalapa; se va Acir
ACOSTUMBRADOS AL discurso oficial que minimiza las consecuencias cuando incurren en errores que terminan por afectar al País, los MoReNos defienden las ocurrencias de la cuarta transformación, como cuando Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación critica la “hipocresía” de los gobernantes que con una mano piden la ayuda de las Fuerzas Armadas para apoyar en tareas de seguridad pública, y con la otra se oponen a la reforma que amplía la permanencia del Ejército en las calles, o cuando la Guardia Nacional que debe ser civil pasa a control del Ejercito y por ello, una jueza federal suspende de manera indefinida el decreto por el que se transfiere el control de esta a la SeDeNa, y ordena que el cuerpo civil permanezca bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Reprocha Adán Augusto: “Qué lástima me da, que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía, con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, que la guardia civil los ayude en tareas de seguridad, y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad”, ocultando que, se encuentra en una imprecisión, ya que los mexicanos –ni siquiera los opositores- están en contra del Ejército, Marina o Guardia Nacional, sino que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador incumpla uno de los compromisos contraídos, como era construir un cuerpo policiaco civil que velara por la seguridad de los Gobernados, y no una Guardia Nacional militarizada, dirigida por militares y con el 50 por ciento de sus integrantes emergidos de las filas castrenses. Y es que el artículo Quinto Transitorio de la reforma a la Carta Magna aprobada en 2019, que dio pauta a la creación a la Guardia Nacional, permitía la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad solo hasta marzo de 2024, pero López Obrador se pronunció por prolongar la presencia y el despliegue de militares, debido a que las corporaciones policiacas, integradas por civiles, se encuentran rebasadas, y como no si el Gobierno Federal y los Estatales no dispensan suficientes recursos para fortalecer a las policías.
EL PRESIDENTE que como aspirante presidencial más despreciaba a las fuerzas armadas, ahora dice que con estas en las calles se busca garantizar la seguridad pública. “Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, pero que también, además de sus funciones sustanciales, Defensa y Marina sigan contribuyendo en seguridad, porque era normal que estuviesen asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el Ejército”. Pero en un acuerdo publicado en Mayo de 2020 se establecía que el Ejército y la Armada deben realizar tareas de seguridad de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional”, la corporación civil creada en 2019 para tareas de seguridad, integrada por elementos de la Policía Militar y la extinta Policía Federal, pero finalmente la GN paso a control del Ejército militarizándola, cuando le objetivo era solo capacitarla para que la tropa se retirara en el 2024 a sus cuarteles, y acaso por ella la justicia Federal la retorna a la SSPC.
PERO AHORA Adán Augusto critica a los Gobernadores que se oponen a que el Ejército siga en las calles, pero el acuerdo inicial era que estarían hasta 2024 mientras construían una policía civil capaz de enfrentar a la delincuencia, pero esto no se ha hecho, ni las fuerzas armadas combaten a las mafias, porque tienen la instrucción presidencial de darles abrazos y no balazos, lo que indica que con o sin el ejército en las calles la reacción es la misma. La delincuencia puede hacer y deshacer como lo sigue haciendo en gran parte del País, sin que nada pase y, lo que es peor, la misma delincuencia impone funcionarios en varios municipios y Estados, como lo revelan los estudios del Ejército sustraídos por el grupo de Hacker Guacamayas, algo que sucede en Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Oaxaca, y con el crimen de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta y coordinador del Gabinete del alcalde Luis Michel, y de Fernando Muñoz Ortega, excomisario de Seguridad Pública de Vallarta, se confirma lo anterior, ya que esas personas, presuntamente, estaban ligadas a la delincuencia que finalmente les cegó la vida.
EN POCAS palabras, la delincuencia ya no solo opera desde afuera de las estructuras gubernamentales, sino desde dentro, ordenando cruentas desapariciones forzadas ordenadas y consumadas por mandos policiacos, como ocurría en tiempos del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa quien ya enfrenta una orden de aprehensión por esas prácticas deleznables. Y es que en efecto, el Colectivo Solecito que aglutina a familiares de cientos de desaparecidos en Veracruz, exige al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República (FGR) “revisar” inmediatamente la sentencia condenatoria del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, porque con la ratificación de nueve años de prisión, se corre el riesgo de una “impunidad irreparable”. A Duarte, especifican, también se le tuvo que haber juzgado por el delito de desaparición forzada, y en ese sentido, previo a que Duarte sea dejado en libertad, exigen a las autoridades “investigar, procesar y sancionar al exgobernador veracruzano por su participación directa en desapariciones forzadas”. De igual manera, demanda que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida a la Secretaría de Gobernación y a la FGR solicitar la revisión de la sentencia al Consejo de la Judicatura. “El decomiso de propiedades debería significar la restitución y reparación del daño a familias y ciudadanos que resultaron afectados por la gestión del ex gobernador”, apunta,
ESTE LUNES estuvo el Secretario de Gobernación en Xalapa, para insistir a los legisladores la importancia de ratificar la aprobación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028, y la misma cantaleta, tratando de jugar con la inteligencia de los gobernados que, como bien se sabe, no están en contra de que el Ejército y la Marina permanezcan fuera de los cuarteles velando por la seguridad, en lo que están en desacuerdo es que en tres años, casi cuatro, el Gobierno Federal no haya sido capaz de crear una policía civil para realizar esas tareas, algo que a todas luces esconde una intensión perversa de militarizar la vida nacional, pues los militares controlan ahora puertos, aeropuertos, aduanas, ferrocarriles, bancos como el del bienestar, y solo les falta la Presidencia de la República. Asi las cosas.
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NOS ENTERAN que Grupo ACIR, una de las empresas más importantes de medios en México, estaría por cerrar su estación en Xalapa, pero que tambien otros grupos radiofónicos han vendido ya, en total hermetismo, algunas estaciones en la capital del Estado, lo que habla de la crisis que están padeciendo los medios de comunicación. Ojalá nuestras fuentes se equivoquen, porque la radio sigue siendo uno de los canales de comunicación que más llegan al pueblo…OPINA [email protected]
