Suena raro, por el escaso o nulo valor que se le concede hoy al concepto ética, que debiera ser rector obligatorio en la prestación de todo servicio público.
El Diccionario de la Real Academia Española define que la ética se refiere al “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”.
Da otra acepción: “Recto, conforme a la moral”.
La enfermera Soledad Pimentel Zilch dijo en un video que debido a su ética profesional denunció una orden que se dio en el Hospital General de Perote, que pone en riesgo la vida de los pacientes.
La admirable trabajadora del sector salud expresó en su narrativa que el director del nosocomio, Pedro Rafael Vargas Reus, le ordenó al personal reutilizar jeringas, microgoteros, normogoteros y otros materiales de infusión con los pacientes.
Por eso, el pasado 20 de abril, durante una supervisión que se les hizo, junto con otros compañeros suyos denunció lo que estaba ocurriendo, lo que motivó que a partir de entonces el funcionario cargara contra ella.
Decidió sacar a la luz pública la situación que está viviendo luego de lo que entendió como una amenaza contra su persona.
“Por ahí por los pasillos, al director se le sale decir que quiere mi cabeza. En estos tiempos eso se mal interpreta de muchas formas: o me van a despedir o me va a mandar a matar el señor, o no sé qué es lo que pretende”.
Cuánta razón le asiste en estar preocupada en estos tiempos donde los feminicidios son el pan nuestro de cada día, más si puso al descubierto un robo, un trafique o el comercio con material médico del sector salud.
Aunque fueron al menos 29 personas las que firmaron la denuncia, solo a cuatro les dieron de baja, entre ellas a ella; sin embargo cuando acudió a las oficinas centrales en Xalapa para confirmar su cese, le dijeron que no sabían nada.
Denunció que a consecuencia de la queja del hecho, que raya hasta en lo criminal, la empezaron a cambiar de áreas, hasta que le dijeron que no le iban a renovar más su contrato, que estaba dada de baja.
Lo que fundamenta la gravedad de la denuncia es que, afirma, la indicación se les hizo por oficio y que la queja que hicieron se sustenta en documentos, con las circulares que les hicieron llegar firmadas por el director y por la titular de la Jefatura de Enfermería.
Su señalamiento es grave. Afirma que en el hospital no falta material ya que la Secretaría de Salud lo envía en forma correcta.
“No porque no tengamos material o no queramos hacer las cosas bien. Simplemente es porque el director, la administradora y la jefa de enfermeras que está ahorita de encargada se les dio la gana. No faltan insumos, tenemos el recurso, pero no nos lo están proporcionando, no sé con qué fin, ahorrarse el material, no sé”.
Ella, por lo que hace saber, es enfermera con contrato Covid, es decir, es de las héroes anónimas que dieron la batalla por salvar vidas durante la grave pandemia y mientras trabajó en el Centro de Alta Especialidad en Xalapa jamás hubo queja alguna de su trabajo.
Por su ética no solo no quiso poner en riesgo la vida de los pacientes sino que se armó de valor y acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Veracruzano de la Mujer (que es igual a la Carabina de Ambrosio) para presentar una queja por las amenazas en su contra.
Su denuncia pública, que hizo en forma decidida y con todo el valor civil, le merece el total respaldo de la sociedad.
Por lo que denuncia, por lo menos estamos ante un caso de robo o sustracción de material médico, bien para venderlo a centros médicos privados, bien para comerciarlo al menudeo o bien como parte de una banda de delincuentes de bata blanca coludidos con bribones del gobierno que están traficando con ese recurso público.
Según el Gobernador, se investigará a “fondo”
Dos días después, ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reaccionó ante el caso e informó que instruyó “una investigación a fondo” desde que se hizo pública la denuncia, que le encargó al secretario de Salud Gerardo Morales.
Aseguró que “nosotros no protegemos a nadie; actuamos siempre”, dijo que no habrá impunidad y que si se confirma la denuncia habrá sanciones.
Sin embargo, para nada mencionó que está garantizado el trabajo de la enfermera y del demás personal que fue despedido, ni les ofreció su respaldo.
Así dijo en el caso Araly y luego se echó para atrás
Resulta difícil creerle porque luego se echa para atrás, como en el caso de Araly Rodríguez Vez, a quien el mismo calificó de “prestanombres”.
Se recuerda que el pasado 6 de febrero, en conferencia de prensa, como en el caso de ahora también, anunció que se investigaba a una empleada de la SEV porque había recibido contratos millonarios de distintas dependencias del gobierno, una de ellas de la Secretaría de Salud.
La mujer, una simple empleada con un sueldo mensual que no rebasa los 10 mil pesos mensuales, recibió contratos por más de 100 millones de pesos en medio de una serie de anomalías que fueron documentadas por los medios.
Pero diez días después se desdijo y en otra conferencia de prensa afirmó que el “consorcio de empresas” de la mujer estaba legalmente constituido y que no se había cometido ninguna ilegalidad, culpando a los medios por la información difundida.
No solo eso. En la Secretaría de Finanzas y Planeación desaparecieron toda la información relacionada con la empleada-empresaria y el caso quedó en la total impunidad.
Casi se podría dar por hecho que su orden, en el caso del hospital de Perote, tendrá efectos de poco alcance, porque cuando la investigación tope con el funcionario que puso al director, a la administradora y a la jefa de enfermeras, en ese momento se le echará tierra al asunto.
Ahoga escándalo a AMLO por sus hijos
Casi en vísperas de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y en la entrada a la recta final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador vive en medio del escándalo a causa de sus hijos Andrés, “Andy”, y, oootra vez, José Ramón López Beltrán.
Carlos Loret de Mola denunció con testimonios en un reportaje que un grupo de empresas, cuyos dueños o socios son amigos de “Andy”, han obtenido contratos por más de 100 millones de pesos, en lo que presumiblemente constituye un acto de tráfico de influencias, por lo menos.
Por otra parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad puso al descubierto que José Ramón (el mismo de la “Casa Gris” en Houston) tiene como su residencia particular en la Ciudad de México una casa en Coyoacán propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que ha recibido contratos por 750 millones de pesos, otro presumible caso de tráfico de influencias, también por lo menos.
Ayer en las redes sociales se pasaron todo el día recordando palabras de López Obrador, como aquellas del 27 de abril de 2015 cuando dijo: “Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad”.
Ayer esas y otras condenas que había hecho públicas se las restregaron una y otra vez en las redes sociales, que se inundaron con las denuncias de los presuntos actos de corrupción por parte de sus hijos, escándalos que no amainaban por la noche.
Ya para qué recordar que ellos se llenaban la boca proclamando que no eran iguales.
