CARTA ABIERTA A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Resulta imperativo, se revele a la opinión pública y a las instancias gubernamentales una situación estructural profundamente alarmante dentro de la Universidad Veracruzana (UV), la cual atenta contra los principios fundamentales de la vida académica: la autonomía universitaria, la meritocracia, la ética y el compromiso social de la educación pública.
Aún más preocupante es el abuso de autoridad sistemático que se ejerce contra docentes, trabajadores y estudiantes que no forman parte del grupo dominante o que se atreven a disentir. Este abuso, que se manifiesta en bloqueos, amenazas veladas, exclusión de comisiones, marginación de proyectos académicos y hostigamiento burocrático, es encubierto o solapado por las autoridades superiores, que operan bajo una lógica de lealtad vertical antes que de justicia institucional. En lugar de proteger la pluralidad, el pensamiento crítico o la participación democrática, se fortalece un régimen de control que neutraliza toda voz incómoda. En la Universidad Veracruzana, hoy es peligroso pensar distinto.
Uno de los puntos más sensibles, y que requiere especial énfasis, es que la designación de varios directores ha contradicho sistemáticamente la decisión de la Junta Académica, órgano que debería fungir como garante de la legitimidad académica y de la participación colegiada. En lugar de respetar los dictámenes que emanan de este cuerpo colegiado, se ha optado por imponer a quienes resulten “más útiles” en términos políticos o personales, configurando así un patrón de designaciones instrumentales, orientadas más a consolidar compromisos de lealtad que a garantizar liderazgos académicos legítimos. Dicha práctica se ha constituido en moneda de cambio para asegurar apoyos en favor de la reelección anhelada y, sin embargo, limitada legalmente, vulnerando con ello los principios que rigen el servicio público y académico.
Este fenómeno se inserta en una cultura institucional de nepotismo, endogamia académica y clientelismo, donde se privilegia el parentesco, la amistad o la conveniencia política por encima del mérito profesional y académico. A ello se suma una endogamia de descendencia, en la cual los hijos, cónyuges y demás familiares directos de funcionarios o académicos en el poder reciben plazas, espacios o promociones sin que medie competencia comprobada, experiencia ni vocación pedagógica. En este entorno, cumplir con el posgrado se convierte en mera formalidad para cubrir el expediente laboral, otorgándoles cargas académicas a individuos sin dominio real de los contenidos ni capacidades didácticas. En muchas aulas de la Universidad Veracruzana, la docencia se ha vuelto un acto triste, donde quienes se presentan como profesores apenas logran articular con claridad los temas que imparten, reduciendo la formación universitaria a un espectáculo de improvisación y mediocridad.
La UV, que debiera ser una comunidad de saberes, ha sido transformada peligrosamente en una estructura piramidal de favores, donde el conocimiento ha sido desplazado por la lealtad convenenciera y la obediencia silenciosa. Esta dinámica, además, perpetúa una lógica de acciones endogámicas no solo académicas, sino también sociales y familiares, que configuran una élite cerrada e impermeable a la crítica, al mérito externo y a la renovación generacional con perspectiva ética y de excelencia.
La reciente renuncia no aceptada del director interino de Biología, forzado a seguir en el cargo, ya que él expresa no compartir los malos manejos e imposiciones del director del Área Académica, es solo un botón de muestra del tipo de presiones y estrategias coercitivas que imperan actualmente. El hecho de que continúe en funciones de forma provisional, casi en contra de su voluntad, es una expresión clara de una estructura institucional capturada, que funciona al margen de los principios democráticos universitarios.
Este escenario no puede desligarse del contexto político más amplio. La presidenta de la República ha anunciado con contundencia el fin del nepotismo en la función pública mediante reformas recientes aprobadas por el Senado. Sin embargo, la contradicción es evidente cuando las universidades públicas, amparadas en su autonomía, reproducen esquemas que deslegitiman su autoridad moral y académica. La autonomía universitaria no debe ser escudo para la impunidad ni para la perpetuación de prácticas corruptas.
Ante esta situación, cabe preguntarse con legitimidad y firmeza: ¿Dónde queda el compromiso de la educación superior con la ética pública, la equidad y la justicia social? ¿Hasta qué punto el gobierno estatal y federal pueden mirar hacia otro lado, mientras una de las instituciones más emblemáticas de Veracruz se degrada desde su interior?
Este llamado no es una denuncia vacía: es una exigencia de rendición de cuentas. Si no se actúa, estaremos presenciando no solo una crisis institucional, sino el declive moral, intelectual y cívico de una universidad que debería ser faro de pensamiento crítico, ciencia y compromiso social.
