*En Veracruz pendiente denuncia contra Huerta
*Programas sociales “mochados” y manchados
ES CURIOSO que el partido que dice estar en contra de la corrupción, y que diariamente el Presidente de la República emanado de éste enarbole esa bandera para atacar a sus adversarios e, incluso, asegure que en México ya se acabó la polución que antaño hundió al País, sea denunciado por su propia gente, en este caso los llamados Siervos de la Nación por actos que les afectan y laceran al País. En efecto, la Secretaría de Bienestar, la misma de donde proceden los programas sociales con los que se compran conciencias de adultos mayores, jóvenes o campiranos está en el ojo del huracán. Porque una cosa es que al Gobierno Federal lo denuncien antagonistas o contrincantes políticos, y otra muy distinta que lo hagan los de casa que desde la semana pasada se manifiestan frente a Palacio Nacional. Son alrededor de 30 Servidores de la Nación que acusan actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar, y exigen al presidente López Obrador mejores condiciones laborales. Los que permanecen en plantón en la capital del País son representantes de sus colegas de otros Estados que denuncian despidos injustificados, retrasos en pagos y acoso laboral, y para que no haya confusiones, llevan puestos los chalecos del uniforme de esos Servidores. Y aunque dicen apoyar a López Obrador, dejan en claro que es importante denunciar las irregularidades dentro de ese programa social que ya rebasaron lo tolerable.
SON LOS responsables de ayudar a la población más vulnerable a acceder a programas para superar sus condiciones de pobreza, pero ellos mismos enfrentan un escenario de precariedad y “explotación” en sus puestos de trabajo. Y es que de acuerdo a empleados que fueron cesados recientemente, la norma entre las más de 22 mil personas que laboran en estos equipos es tener contratos eventuales de tres meses que les impiden generar antigüedad, además de laborar siete días a la semana con jornadas que pueden superar las 12 horas, por un sueldo mensual que no rebasa los 10 mil pesos. A la ciudad de México llegaron desde el viernes pasado, y de inmediato realizaron una manifestación en el zócalo capitalino y Palacio Nacional para denunciar los abusos de los que afirman ser víctimas, entre otros, despidos injustificados, presuntos actos de corrupción en diversas delegaciones estatales y acoso laboral y hasta sexual en algunas delegaciones.
PERO OJALA fuera solo eso. Si bien el programa Servidores de la Nación fue creado por López Obrador desde el inicio de su sexenio a fin de supervisar programas sociales y dar atención a la ciudadanía, los contratados han trabajado en todo lo que les ordenan, incluso en la Jornada Nacional de Vacunación contra la Covid19 y solo falta que los manden de albañiles como a la tropa. Ahora bien, en febrero de este año, la agencia Latinus publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública Federal por 562 millones de pesos debido a irregularidades en la contratación de los Servidores de la Nación. La ASF dio a conocer la auditoría forense número 240-DS y determinó que en 2019 se hicieron pagos injustificados, hubo falta de mecanismos de control en el registro de información presupuestal y contable, así como ausencia de documentación comprobatoria de los pagos a los Servidores de la Nación que fueron contratados por honorarios o con carácter eventual, y entre otras irregularidades se revela que la Secretaría de Bienestar destinó 321 millones de pesos sin contar con la documentación comprobatoria (reporte de percepciones y nóminas) y comprobantes fiscales digitales por internet que acrediten el concepto de pago a los Servidores de la Nación.
ALGUNOS CASOS denunciados por quienes encabezan el movimiento, como Lily Trejo, ex trabajadora de los SDN, señala que ella y su hijo Giovanni Ulises Ríos sufrieron diversos actos de violencia y hostigamiento laboral por parte de la responsable regional en Iztacalco de dicho esquema de la Secretaría de Bienestar, Zaira Ulloa Cabrera, quien los cesó a ambos sin exponer ningún argumento para ello. Hace poco menos de un mes, señaló, la mencionada funcionaria le indicó que sus servicios ya no serían requeridos, pero sin explicarle la razón de ello y negándose a entregarle por escrito la notificación al respecto. Trejo afirmó haber sufrido acoso laboral por parte de Ulloa mediante actos como impedirle ir a comer o apresurarla para que lo hiciera en cinco minutos; negarle el derecho a ir al baño; ponerla a cargar objetos pesados; mantenerla en su puesto hasta altas horas de la noche, y darle aún más trabajo para realizar en casa, lo que le produjo daños físicos y sicológicos, como agotamiento y estrés. “Si no hacíamos lo que nos pedía, nos decía ‘entonces, lárgate’. Tenemos un daño emocional muy fuerte por el maltrato sicológico. A mí el cansancio me agotó tanto que me dolían mucho las piernas, la columna, el estómago. Mi sistema inmunológico bajó mucho y caí en cama, pero de todas maneras me decía ‘no faltes al trabajo, tienes que ir’”, detalló.
PERO EL esquema se repite en múltiples delegaciones de la Secretaría de Bienestar, donde las empleadas han sufrido acoso sexual como ocurrió recientemente en el Estado con el delegado de esa dependencia, Manuel Huerta Ladrón de Guevara que en Octubre de año pasado fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de abuso sexual en contra de una mujer identificada como Martha, quien confesó en conferencia de prensa que tras un año de intentar presentar la denuncia, ésta ya fue radicada bajo el expediente 254/2020, pero que ahora ha recibido amenazas y teme por su seguridad. De entonces a la fecha, la dependencia no ha hecho nada, incluso, se sospecha que el caso fue archivado, aun cuando el Presidente López Obrador asegura que desde que quitaron a Jorge Winckler como Fiscal, en Veracruz se acabó la impunidad.
EN VERACRUZ persisten irregularidades como suspensiones de los beneficiarios, montos inflados a obras distintas y mal proceder de los técnicos encargados de proyectos, y así se ha manejado el programa “Sembrando Vida”, de acuerdo con quienes han padecido esta situación de forma directa, como Carmen Molina, del municipio de Soledad de Doblado quien por cinco meses fue beneficiaria del programa Sembrando Vida y de pronto la dieron de baja y no le devolvieron los 500 pesos que les descuentan disque para ahorro. Y es que según el gobierno federal, busca convertir ejidos y comunidades en un sector estratégico para el campo mexicano, lo que quiere decir que las personas que cuenten con un terreno de 2.5 hectáreas deben sembrar árboles frutales y a cambio obtendrán un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Sin embargo, de esa cantidad solo se les depositan 4 mil 500 pesos ya que según las reglas de operación los 500 pesos restantes van a una caja de ahorro que nadie sabe quien administra y que, por supuesto, no entregan a beneficiarios. En fin, algo muy turbio está ocurriendo con los programas sociales, y AMLO parece no darse cuenta. OPINA [email protected]
