Xalapa, Ver.; marzo 12 de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 4/2018, sobre el caso de violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en la investigación de la desaparición de una persona activista en materia de derechos humanos, ocurrida en el estado de Veracruz, el día 23 de marzo del 2016.
En su Recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que las autoridades ministeriales que durante la anterior administración de la Fiscalía General del Estado, iniciaron la investigación sobre los hechos en marzo de 2016, omitieron realizar diversas diligencias establecidas en el Acuerdo 25/2011, que en ese momento establecía las diligencias básicas a realizar en casos de personas desaparecidas, así como también omitieron realizar una búsqueda inmediata al momento de recibir la denuncia sobre los hechos.
Por otra parte, la Recomendación señala que no se obtuvo información que debe ser obtenida inmediatamente, como las imágenes de cámaras de video vigilancia y de casetas, pues éstas se eliminan de manera automática si no son solicitadas en el momento oportuno.
Aunado a lo anterior, la Recomendación establece que en su momento no se profundizó en la línea de investigación que deriva del activismo social de la persona desaparecida, pues no se indagó sobre los casos a los que ésta daba seguimiento, como potencial móvil de la agresión.
En este sentido, el Fiscal General del Estado ha determinado aceptar la Recomendación que dirige a la Institución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que es reflejo de las omisiones y falta de debida diligencia en las investigaciones que caracterizó a la anterior administración, motivo por el cual, desde su llegada, ha emitido diversos Acuerdos relacionados con la investigación de casos de personas desaparecidas, en los que se establecen mecanismos para agilizar la investigación de los hechos y establecen nuevas diligencias que resultan obligatorias para Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales, con base en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada; así como el incremento sustancial de los recursos humanos y materiales de la Fiscalía Especializada en la materia.
Estas acciones, han redundado en que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sea la que ha obtenido más órdenes de aprehensión en todo el país por el delito de desaparición forzada de personas, y la primera en hacerlo bajo el marco de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, habiendo obtenido, tan solo en el primer trimestre del 2018, órdenes en contra de 40 ex servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas de personas.
