A los medios de comunicación y a la opinión pública de Veracruz:
Como señalé el día de ayer en conferencia de prensa, resulta indispensable para la conservación del Estado de Derecho combatir, a través de los medios legales, el acuerdo notoriamente inconstitucional e ilegal, tomado por la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, quien sin tener facultades para ello, determinó una inexistente remoción temporal del cargo, sin contar ni presentar pruebas sobre algún proceder ilegal por parte del Fiscal General del Estado.
Fue, a todas luces, una farsa que intentaron disfrazar de legal. Sin embargo, todo Veracruz y todo México se han dado cuenta de que es simplemente un burdo ataque en contra de una Institución Autónoma.
Nunca antes se había visto un despliegue de fuerza como el utilizado el día de ayer para cercar y tomar por la fuerza las instalaciones de la Fiscalía General. A pesar de que la violencia impera en todo el estado de Veracruz, jamás se desplegaron los cerca de 1,300 elementos policiacos que tomaron por la fuerza las instalaciones de la Institución. En resumen, fue un golpe a la Constitución y al Estado de Derecho, impropio de una democracia como la que se ha logrado construir con años de esfuerzo, precisamente, desterrando prácticas como las ocurridas este martes.
Este acto arbitrario por parte de la Junta de Coordinación Política también constituye un actuar criminal. Lo anterior, pues violentaron una suspensión definitiva dictada por un Juez Federal, que impide la remoción del Fiscal General a través de mecanismos inexistentes al momento de su nombramiento. Reitero, la Junta de Coordinación Política jamás ha tenido la Facultad de remover o separar del cargo al Fiscal General y, en consecuencia, incurrieron en el delito de violación a una suspensión, establecido en la Ley de Amparo.
Por lo tanto, hemos iniciado la estrategia legal de defensa de la Autonomía de la Fiscalía General del Estado, a través de recursos de control de constitucionalidad; de igual forma, se denunció la violación de la suspensión definitiva otorgada por un Juez Federal.
Por último, debo señalar que es clara la intención de causar un daño a mí y a mi familia. Por Ley, tengo derecho a contar con protección por un tiempo establecido. Sin embargo, el día de ayer, retiraron toda clase de seguridad a mi familia, dejándonos en situación de vulnerabilidad y en un riesgo creado por quien dio esa instrucción.
Durante mi mandato como Fiscal General del Estado, se ha combatido como nunca los hechos de corrupción; los crímenes perpetrados desde el Estado, y se ha procedido contra peligrosos miembros de grupos de la delincuencia organizada y bandas de secuestradores. Retirar la seguridad a mi familia, muestra el actuar doloso de quienes pretenden dinamitar la Autonomía de la Fiscalía.
Sin embargo, seguiré luchando por la independencia y Autonomía de la Fiscalía General, por el Estado de Derecho y por la vigencia de la Constitución. Confío plenamente en que las autoridades jurisdiccionales resolverán con base en esos principios y, en consecuencia, anularán este acto golpista del que fue objeto la Institución para la que fui elegido como Fiscal General, por un periodo de 9 años.
