*O todos afganos o todos haitianos; no a ley juarista
*Agentes de migración cesados incurrieron en tortura
TODOS VIENEN huyendo de las condiciones de violencia y pobreza a ultranza en sus respectivos países de origen: los afganos y afganas tras la invasión de talibanes (seguidores de una de las interpretaciones más ultraconservadoras del Islam, quienes impusieron su visión política y religiosa con separación radical de sexos en público, prohibición a las mujeres de descubrirse el rostro y el cuerpo y de acceder al mundo laboral, además de imponer leyes más severas que llegan hasta la muerte o asesinato en caso de desobediencia); los haitianos (que desertan de su País tras la crisis política en Haití luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, situación les ha obligado a buscar refugio en países como México, aunque varios de ellos provienen de Chile y Brasil a donde migraron tras el terremoto de 2010), y los centroamericanos que huyen de la violencia en el Triángulo Norte, y de la represión contra las protestas en Nicaragua, dos de las causas del desplazamiento forzado de casi un millón de personas. Y es que cuatro de los diez países con mayor número de individuos que piden refugio están en Centroamérica. Lo grave es que mientras a unos se les recibe con fanfarrias y honores, y hasta el propio Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón acude a darles la bienvenida al aeropuerto capitalino, a otros se les “acoge” a garrotazos, patadas, golpes exagerados y amenazas, como si fueran talibanes indeseables, cuando en realidad, a cambio de vacunas donadas por Estados Unidos para evitar gastar en la adquirirlas, el ahorrador Gobierno mexicano acepta nuevamente ser el muro de contención de la Nación del Norte, recurriendo, incluso a la agresión que por fortuna ha quedado registrada en videos, mientras el recién incorporado Secretario de Gobernación responde con una frase imprudente, desafortunada y grotesca: “una golondrina no hace verano”, refiriéndose a que no siempre se les golpea, y solo le faltó decir, “salvo cuando lo ordena el Gobierno norteamericano”.
Y ES que fue de tal magnitud la golpiza a un haitiano, al que patearon, incluso, en la cabeza ya tendido en el suelo, que al Instituto Nacional de Migración no le quedó de otra que anunciar que ya fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales adscritos en el estado de Chiapas, derivado de las investigaciones iniciadas el sábado 28 de Agosto por actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán, aunque lo cierto es que en México uno de cada tres migrantes sufre violencia a su paso por el territorio nacional, pero la desconfianza en las autoridades provoca que solo se denuncie el 10 por ciento de los casos, de acuerdo a una investigación que pone cifras a los abusos contra las personas en tránsito. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un 29 por ciento de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual en su tránsito por el País, y la mayoría de los abusos quedan impunes. El temor a ser repatriados y la desconfianza en las autoridades provocan que solo se denuncie uno de cada 10 casos, asegura la investigación, esto como dato cultural para el represor secretario de Gobernación que insiste en que “una golondrina no hace verano”, aun cuando el cese de los golpeadores (gracias a que fueron grabados), se argumenta que se ejecutó con base en la Ley de Migración, la cual establece de manera puntual que: “La actuación de los servidores públicos del instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente ley”, algo que a los agentes del INM les viene guango.
LO QUE llama la atención es que a los dos agentes y un funcionario de migración se les notificó de manera formal el domingo 29 de agosto que estaban cesados, según dice el INM, y al mismo tiempo se dio vista de esa determinación al Órgano Interno de Control del INM para los efectos legales a que haya lugar, aunque tal vez ignoran las autoridades que lo que hicieron los, ahora, cesados, fue un acto de tortura, y que la Ley para Prevenir y Sancionar ese delito establece en su Artículo 1º que: -Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado o del Municipio que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, por sí, a instigación suya o con su consentimiento o tolerancia, inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves o la coaccione física, mental o moralmente, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha realizado, o coaccionándolo para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Se aplicarán las mismas penas al tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido. No se considerará como tortura, las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a éstas, o derivados de un acto legítimo de autoridad.
EN EL tenor, el Artículo 2º dicta: -A quien cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de tres a diez años, doscientos a quinientos días de multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del tiempo de duración de la pena de privación de libertad, que le haya sido impuesta. Si además de tortura resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos, y cierra el Artículo advirtiendo 3º.-No excluye de responsabilidad en la tortura, el hecho de que se invoque la orden de un jefe o funcionario superior. No justifica la tortura, invocar circunstancias excepcionales, como urgencia en las investigaciones por presión o repudio social de la comunidad por el delito cometido, o bien por la supuesta peligrosidad atribuida al detenido.
EN EL caso de los haitianos y centroamericanos golpeados inmisericordemente por funcionarios de migración que cobardemente le patean, incluso, el rostro a uno de ellos, en tanto golpean a otro con su menor hijo en brazos es, sin duda un acto de tortura, y no castigarlo como tal implica impunidad que lejos de abatir los ilícitos en la materia seguirán propagándose. Y si bien el INM dependiente de la Secretaría de Gobernación reitera que no tolerará ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos y políticas del instituto en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, entonces que comiencen a castigar en base a la ley a quienes infringieron tortura a los migrantes. Y es que mientras que a los afganos se les recibe con los brazos abiertos, a los haitianos y centroamericanos se les golpea y reprime –por órdenes de EU-, cuando todos huyen de lo mismo: la violencia en sus respectivas naciones. Por ello, o todos afganos o todos centroamericanos…OPINA [email protected]
