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Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La organización internacional Artículo 19 denunció hoy que a 60 días del multihomicidio de la colonia Narvarte no hay ningún móvil del asesinato, por el contrario la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pretende, a través de la filtración ilegal de datos, construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotráficantes con la víctima de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín. El pasado 31 de julio fueron asesinadas cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, además de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete. Los tres primeros fueron torturados. “Es evidente que previo a los asesinatos la tortura se dirigiera a Mile, Rubén y Nadia –y que fue particularmente larga en el caso de los dos últimos”, sostuvo hoy la organización. Artículo 19 recordó que al día de hoy, como incluso el propio Procurador Rodolfo Ríos Garza lo ha dicho, “no se ha logrado esclarecer el móvil del crimen, es decir, las razones por las cuales se cometió”. Por el contrario, dijo, a través de mecanismos no oficiales “e ilegales, como son las filtraciones”, se pretende construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotraficantes con la víctima Mile Virginia, circunstancia que tampoco se encuentra acreditada. “Hasta el día de hoy no existen atisbos de justicia, verdad y reparación para las víctimas. Como lo expusimos hace un mes, serias falencias de la investigación ponen en entredicho el éxito de la misma”, recriminó hoy Artículo 19 en un comunicado. Criticó que el agotamiento de la línea de investigación que apunta a los antecedentes de amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa se debe en gran parte a la presión social y al propio impulso de los abogados que representan a las víctimas. “Sólo de esta manera se han integrado datos, notas y testimonios que acreditan estos hechos, y no por una diligente y oficiosa recopilación de tales pruebas”, agregó. Artículo 19 sostuvo que “aunque se diga lo contrario– las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF sean las declaraciones de dos de las personas detenidas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino. De las anteriores se observan fuertes contradicciones, mientras que la tercera persona detenida, César Omar Martínez Zendejas, negó los hechos”. Criticó además, que de los cateos realizados en los domicilios de los probables responsables, no se encontraron datos que confirmaran sus dichos. Recordó además que una vez que se realizó la aplicación del Protocolo de Estambul, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la titular del organismo señaló públicamente que no se demostró la comisión de tortura en agravio del primer detenido. Sin embargo, agrega la organización, “lo anterior genera preocupación, ya que es insostenible que el procesado se haya ocasionado las lesiones ‘al tratar de subir a la patrulla’ como se encuentra en la investigación. Ante ello es fundamental se transparente el contenido de los dictámenes del protocolo”. Reiteró que “resulta urgente para el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, determinar con la mayor exactitud posible la secuencia con la que ocurrieron los hechos dentro del departamento; establecer el número de participantes en la ejecución y facilitación del crimen”. Así como profundizar en la línea de investigación relacionada con los antecedentes de amenazas en contra de Nadia y Rubén y geolocalizar aparatos telefónicos sustraídos del lugar, incluidos los de Rubén Espinosa y Nadia Vera. “Resulta particularmente preocupante la falta de claridad sobre el móvil del crimen y sobre la participación de más personas como autores intelectuales y facilitadores”, alertó la organización. En el mismo sentido, advirtió también que el que se mantengan formalmente abiertas las investigaciones por parte de la PGJDF “no garantiza el esclarecimiento total de los hechos hasta en tanto se actúe con debida prontitud, seriedad, exhaustividad, objetividad e imparcialidad”. Al menos cinco jóvenes acudieron hoy a las instalaciones de la PGJDF, ubicada en la calle General Gabriel Hernández en la Colonia Doctores, y pegaron en la fachada del inmueble retratos de las víctimas, junto con la portada de la revista Proceso en la que aparece una fotografía del Gobernador Javier Duarte de Ochoa tomada por Rubén Espinisa. Imagen que al perecer causó el enojo del mandatario, quien además ha sido señalado como responsable del homicidio del reportero gráfico y de la activista Nadia Vera. Los manifestantes protestaron ante la falta de respuestas luego de dos meses del multihomicidio en la Narvarte. EL INFORME En el informe difundido hace un mes, en el cual se hicieron algunas actualizaciones, la organización detalla los aspectos más preocupantes en la investigación del caso, que está a cargo de la Procuraduría Genera de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y destaca que “lo cierto en el multihomicidio de la Narvarte es que se puede concluir que existe una planeación y preparación previas que trascienden a un mero robo”. Detalló que el Ministerio Público capitalino no siguió los protocolos destinados a preservar la escena del crimen, y que fue hasta el domingo 2 de agosto, un par de días después del delito y cuando era público que había dos perseguidos políticos entre las víctimas, que en el expediente aparecieron datos “fundamentales para soportar la hipótesis oficial”, como los documentos que ligan a Mile Virginia Martín al vehículo Mustang y su celular. El documento, titulado “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa”, explica que el Ministerio Público capitalino no siguió los protocolos destinados a preservar la escena del crimen, y que fue hasta el domingo 2 de agosto, un par de días después del delito y cuando era público que había dos perseguidos políticos entre las víctimas, que en el expediente aparecieron datos “fundamentales para soportar la hipótesis oficial”, como los documentos que ligan a Mile Virginia Martín al vehículo Mustang y su celular. “El Agente del Ministerio Público, en compañía de personal policial y pericial, debió de haber dado fe de todos los indicios que existieren en el lugar de los hechos desde la primera inspección ministerial, así como también, debieron de haberlos fijado fotográficamente y embalado para su análisis. En la investigación de referencia, no se fijaron fotográficamente ni se dio fe de todos los indicios en la primera inspección ministerial realizada el 31 de julio del presente año”, dice el reporte. El reporte cuestiona también, como los abogados coadyuvantes de la familia de la activista Nadia Vera Pérez, que la “hipótesis oficial” se base en el testimonio de un detenido que fue golpeado. “Preocupa a Artículo 19 que –aunque se diga lo contrario- una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron”, dice. “Dichas lesiones en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público presenta lesiones, la carga de probar que no se produjeron malos tratos y tortura a dicha persona corresponde al propio Estado. Además de resultar inválido en el proceso tal declaración, se requiere que la investigación iniciada por las violaciones al derecho a la integridad personal arroje resultados inmediatos. Otro elemento a destacar es que la pareja del probable responsable pudo verlo hasta las 19:50 horas del 6 de agosto -39 horas después de su primera declaración ministerial y 44 horas después de su detención. Por otro lado, durante su declaración el hoy inculpado contó con asesoría de un abogado particular, quien ya no lo defiende en la causa penal radicada en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal en el Distrito Federal”, agrega.
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