Propone senador Héctor Yunes que sea delito autorizar asentamientos en zonas de riesgo

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    El 78 % de los mexicanos habita en zonas de alta peligrosidad, entre ellos los de Veracruz

    Necesario, castigar a funcionarios que autoricen construcciones en este tipo de zonas

    México, D.F.; 3 de septiembre de 2015. Con el fin de evitar que más mexicanos sigan habitando en zonas que registran diversos grados de vulnerabilidad, el senador Héctor Yunes Landa, propuso modificar la Ley General de Asentamientos Humanos para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.

    También planteó la necesidad de modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con el objetivo de que la autorización de permisos de uso de suelo, por parte de servidores públicos en zonas de riesgo, se considere una conducta grave y constituya un hecho delictivo.

    Asimismo, el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional insistió en sancionar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas donde no se haya elaborado la gestión integral de riesgos.

    Al hacer uso de la voz ante el pleno del Senado de la República, refirió que de acuerdo a datos emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 87.7 millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, es decir el 78 por ciento de la población habita en territorios que registran diversos grados de vulnerabilidad.

    Ante los senadores de todas las fuerzas políticas del país, el legislador veracruzano, los exhortó a legislar con responsabilidad y correspondiendo a la confianza de la gente y pidió hacer de la ley un instrumento de prevención, anticipando riesgos y promoviendo en una mayor medida responsabilidades.

    Destacó que México es nuestra casa, “promovamos, con toda la fuerza de la ley, que las familias mexicanas habiten en lugares seguros. Evitemos que vivan en zozobra y en lugares inseguros.”

    Insistió ante el pleno que es momento de revertir prácticas que ponen en peligro la integridad y patrimonio familiar. La seguridad empieza desde el hogar.

    Reveló que en el periodo comprendido de 1990 a 2010, ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud y naturaleza, que dejaron más de tres mil 500 personas fallecidas, miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de pesos.

    En su intervención en tribuna el senador Héctor Yunes Landa, sometió a consideración la propuesta de modificación y adhesión a dos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, donde se propone reforzar el compromiso por parte de las autoridades federales y locales, para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.

    Citó la vulnerabilidad en que se han enfrentado millones de familias como los efectos de los terremotos del 85; las explosiones en San Juan Ixhuatepec, en el 84; y en Guadalajara, en 1992. El impacto de los huracanes Gilberto, Paulina, Roxana, Vilma, Manuel e Ingrid, así como los diversos fenómenos meteorológicos registrados en estados como Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

    Asimismo el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para los asentamientos humanos localizados en planicies costeras, como en el estado de Veracruz.

    AVANCES

    Precisó que ante el gran reto que representa dicha situación el Ejecutivo Federal implementó políticas públicas, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

    Y es que con el programa de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo, se pretende orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio, dijo.

    Por otra parte, con el programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos se desarrolla el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgo, sin embargo, esta política resulta limitada ante circunstancias crecientemente complejas de índole económica, social y ambiental.