POR SI ACASO/CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ/ Duarte y Anaya el mismo vicio

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*Empresa fachada amaga a PAN

*En política se castiga escándalo

 

LAS EMPRESAS fantasmas que costaron la libertad al ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, ya que por conducto de esos “mecanismos financieros” logró desviar millonarias sumas del erario público para adquirir, junto con cercanos colaboradores, propiedades en diferentes partes de Estados Unidos, Centroamérica y Europa, podrían tornarse un obstáculo para los planes del panista Ricardo Anaya y su ambición de llegar a la Presidencia tras la elección de Julio. Y si bien las denuncias encauzadas contra el veracruzano le dieron buenos resultados al PAN en la Entidad al ganar, por primera vez, la Gubernatura del Estado tras demostrar la corrupción que había incubado el Gobierno saliente, la demanda interpuesta contra el queretano ante la Procuraduría General de la República por supuesto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita podría (dijimos podría, no lo aseguramos) echar por tierra el avance de una campaña que, a decir verdad, solo es superada en aceptación, por la que encabeza el ex dirigente del Movimiento de  Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Y aunque el aspirante panista culpa al PRI de orquestar la operación en su contra, lo cierto es que Anaya se ha enemistado con la mitad del panismo tradicional al asumirse como candidato presidencial pasando por encima de otras fuerzas que demandaban un proceso democrático, y que ahora podrían estarle cobrando la factura, que al fin y al cabo como solía decir el autor de “El contrato social”, Jean-Jacques Rousseau, “La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”.

 

Y SI bien mucho habrá de suceder de aquí a los comicios del primero de Julio -cuando se elegirá Presidente de la República, 9 Gobernadores y se renovará el Congreso de la Unión, algunas legislaturas locales y presidencias municipales-, lo que acapara, actualmente, la atención es, precisamente la denuncia interpuesta por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor en contra del abanderado de la coalición “Por México al Frente”, a quien acusa de orquestar una red de “empresas fachada” que triangularon sumas millonarias en varios países y paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya con valor de 54 millones pesos (un costo que rebasa su valor real), y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista. El abogado que representa a dos personas contratadas por el empresario del sector inmobiliario de Querétaro, Manuel Barreiro Castañeda –de donde es oriundo Anaya–, dice que sus defendidos son, ahora, víctimas de amenazas en las que podría estar implicado el aspirante presidencial u otros actores, por lo cual ya presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Y el caso no pasaría de un mero argüende electoral a no ser porque los denunciantes presentaron documentos que sustentan el dicho, lo que obligaría a la PGR a abrir una carpeta de investigación y citar al propio suspirante que jura y perjura ser inocente aunque, peor aún, infinidad de panistas, entre otros el presidente del Senado, Ernesto Cordero, ya exigieron a la dependencia Federal que llegue hasta las últimas consecuencias bajo el argumento de que “México no necesita candidatos bajo sospecha”.

 

Y NO faltarán los que argumenten que la postura de Cordero es la esperada debido a los choques que ha tenido con Anaya, a no ser porque Senadores del PAN afines al llamado “joven maravilla”, también, han externado –lejos de desgarrarse las vestiduras en una defensa a ultranza-, que Ricardo Anaya deberá transparentar el origen de su patrimonio, a pesar de que las acusaciones que se han formulado en su contra, entre ellas la de lavado de dinero, formen parte de una campaña de desprestigio emprendida por el PRI y la Presidencia de la República, según ha dicho. “Si va a ser nuestro presidente, Anaya tiene que pasar la prueba del ácido”, que es la de la transparencia en cuanto a sus ingresos y propiedades, advierte el bajacaliforniano Ernesto Ruffo, para enseguida dejar en claro que la PGR debe iniciar la investigación de cualquier denuncia que se presente, sin importar si se trata de un candidato presidencial, y con él coinciden otros cercanos al aspirante, en este caso, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y Celada. Todos ellos advierten que se debe investigar, aun cuando alertan que el acusado enfrentará una investigación sesgada por supuesto “lavado” de dinero, dentro de una estrategia de demérito y descrédito como parte del actual proceso electoral, aunque lo fundamental es que Anaya transparente toda la información, pues al final, si es inocente, esa campaña orquestada “lo va a inmunizar” frente a la opinión pública, porque quedará plenamente aclarado “que Ricardo Anaya y su familia “son honorables”.

 

SIN EMBARGO, se corre el riesgo de que Anaya no pueda aclarar las denuncias en su contra, como la adquisición de un terreno en 10 millones de pesos, la posterior construcción de una nave industrial y, finalmente, la venta de la edificación en más de 54 millones. Y es que, de acuerdo con la denuncia sustentada en documentos, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, compró a Barreiro un lote del terreno marcado con el número 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, con superficie de 13 mil 589 metros cuadrados y valor de 10 millones de pesos. En Abril de 2016, Barreiro buscó a Daniel N y Alberto N para armar una red de empresas fachada o fantasmas, constituidas algunas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del empresario queretano, con quienes trianguló el dinero para perder el rastro de su origen, ya que el propio Barreiro pretendía recomprar el terreno, ahora catalogado como nave industrial, a la empresa de Anaya por cinco veces su valor original. El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la citada empresa Juniserra –propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble, y de esa forma hacerle llegar los recursos a don Ricardo por conducto de la mencionada empresa, esto, por la gran relación de amistad que guarda con Manuel Barreiro desde hace muchos años”.

 

SEGÚN EL abogado denunciante, sus clientes constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar e islas Turcas y Caicos, en el Caribe. La millonaria suma, tras andar por esos paraísos, llegó a la empresa Tesorem –propiedad de los dos denunciantes–, mediante la cual se habrían enviado los 54 millones de pesos a una compañía fantasma llamada Manhattan Master Plan Development que pagó la suma a Juniserra, propiedad del candidato. Vaya que el asunto está complicado, y aunque Anaya demuestre su inocencia, en cuestiones de política, no hay que olvidar, se castiga el escándalo, no el delito. OPINA carjesus30@hotmail.com