ALMA GRANDE/ Por Ángel Álvaro Peña/Casos sin justicia y con mentiras

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Cuando los problemas graves se convierten en distractores para ocultar otros conflictos más graves, es que no sólo se intenta salvaguardar el prestigio de los protagonistas –casi siempre relacionados con  la administración pública– sino su impunidad.

La clase política en México tiene una serie de coincidencias que no pueden ocultar y que deben ser recordadas por todos sus integrantes sin importar el partido político al que pertenezcan.

Así, en estos últimos días los sucesos que manchan la administración pública han tambaleado no sólo la estabilidad y el prestigio de los funcionarios públicos sino su propia legitimidad.

Todo empezó con el socavón en Morelos, donde murieron dos personas, en una obra que desde su inicio fue cuestionada por los colonos de los alrededores.

El secretario de Comunicaciones y Transportes le había asegurado al presidente de la república, tres meses atrás, en la ceremonia de inauguración, que contaba con materiales  de alta resistencia y de calidad probada.

Sin embargo, no resistió la prueba de los aguaceros y un automóvil cayó en un hoyo que se produjo por el reblandecimiento de la tierra provocado por las lluvias, según la versión que el  secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, emitió, sin investigación de por medio.

El único castigado fue el delegado de esa dependencia en Morelos, a quien se le exigió la renuncia. No hay investigaciones, los peritajes que tienen que ver con la supervisión de la obra prácticamente están ocultos, si es que exigió supervisión de 7 millones de pesos, la licitación no se muestra públicamente, se ocultan nombres y cifras. El resultado es de una total impunidad a pesar de que la cabeza de Gerardo Ruiz Esparza la exigen todos los mexicanos.

De 2013 a 2015, el secretario de Comunicaciones y Transportes adquirió cinco departamentos, construcciones que van de los 182 a los 219 metros cuadrados. Todas pagadas al contado.

En esta administración, Ruiz Esparza vendió cuatro casas que pagó al contado en 1983, 2004, 2007, y 2010. Es decir, ha comprado y vendido propiedades.

Luego de un par de semanas,  las consecuencias del socavón siguen aumentando, como es el caso de la drástica reducción de la afluencia turística hacia polos de descanso como Acapulco, en plena temporada alta.

Así, el primer fin de semana de las vacaciones de verano, registró una ocupación hotelera general del 84.4 por ciento en los destinos turísticos de la entidad, aunque esa cifra dada por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, es muy optimista; además reconoció que el problema del socavón del Pasó Exprés de Morelos sí afectó el arribo de visitantes nacionales.

Este problema, donde se hace evidente la protección al Secretario de Comunicaciones y Transportes desde los más altos niveles de la política nacional, trató de ser ocultado por la llegada del reo Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador Veracruz, acusado de un sinnúmero de delitos que terminaron por quebrar financieramente las arcas del gobierno de ese estado. Pero este caso, que se había tomado como un distractor para ocultar la impunidad de Ruiz esparza, comenzó a cobrar atención especial y se relacionó con el alto grado de impunidad que promueve el actual gobierno federal para sus miembros, cuando se le empezaron a perdonar delitos graves como por arte de magia de un juez que seguramente cumple consignas y recibirá compensaciones que puedan asegurarle el futuro económico a su familia.

Cuando el distractor Javier Duarte tomó personalidad propia y se le relacionó con el caso de Ruiz Esparza a través del común denominador de la impunidad, surge repentinamente un nuevo distractor que ante la severa mirada de la opinión pública deja de ser distractor para convertirse en una preocupación de la población de la capital principalmente: el enfrentamiento con narcomenudistas en la delegación Tláhuac,

Esa delegación nunca ha sido lo suficientemente atendida por las autoridades capitalinas. Basta con asomarse cualquier noche por sus calles principales para advertir la falta de iluminación, de limpieza, de vigilancia, de monitoreo, de labores de inteligencia, etc. No pueden llamarse a sorpresa las autoridades capitalinas de encontrar un centro de distribución de drogas en esa circunscripción, de lo que deben alarmarse todos es que sólo hayan encontrado uno.

En esa acción elementos de la Marina y la Policía Federal abatieron a “El Ojos”, señalado como el líder del Cártel de Tláhuac, cártel que bautizaron en ese momento las corporaciones policíacas implicadas en el operativo. En respuesta a esa acción y a la cacería de los delincuentes, sujetos realizaron bloqueos sobre avenida Tláhuac. Además, robaron y prendieron fuego a un camión tipo Torton y dos microbuses de las Ruta 50, que fueron colocados en dos puntos de la zona.

Cuando quisieron magnificar el hecho de la muerte de un peligroso delincuente, resulta que la reacción de los cómplices, o vecinos, o colonos o damnificados del operativo, cerraron calles y actuaron de manera violenta.

Así, una vez más el distractor  cobró vida propia y se relacionó con los dos hechos anteriores ante las incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace en materia de justicia y legalidad en el país.

Una vez que se había afirmado desde todas las instancias de gobierno que dicho cártel de Tláhuac era sólo una célula aislada de la delincuencia organizada en la capital, se suscitó una balacera en un inmenso tianguis dominical en la delegación Iztapalapa, que arrojó como resultado dos muertos y más de 10 heridos, entre ellos dos menores de edad.

Las acciones se le adjudican al crimen organizado cuya presencia se ha negado sistemáticamente por las altas autoridades capitalinas y por las corporaciones policíacas que aseguran que la capital del país es una zona libre de narcotraficantes. Los hechos las contradicen, y es en esa contradicción donde este hecho coincide con los tres anteriores deteriorando la imagen de todo tipo de autoridad relacionada con la impartición y la administración de justicia. Autoridad que ahora no sabe que hacer ante tantos cuestionamientos de una sociedad cada día más crítica y consciente de la realidad que vive y que duda de la palabra de sus autoridades en los tres niveles de gobierno. PEGA Y CORRE.-Alfonso Ortega López y Juan José Janeiro Rodríguez, dos de los principales testigos de la PGR en la imputación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, señalaron, en sus respectivas declaraciones ministeriales, que la esposa del ex gobernador de Veracruz, Karime Macías, era quien ordenaba las operaciones ilícitas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

 

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