ALMA GRANDE/ Por Ángel Álvaro Peña/ La tremenda corte

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Cuando se trata de ahorrar todos aplauden y piden que ese ahorro no toque los bolsillos propios. Exigen austeridad y viven en la opulencia, quieren equidad social y profundizan sus distancias sociales.

La política de austeridad que anunció el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha sido acogida con gracia por los privilegiados del poder. Los 50 puntos de su plan anticorrupción y de austeridad fue rechazado categóricamente por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los lineamientos generales abarcan cuestiones de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como eventuales reformas legales que tendrán que ser aprobadas por el Congreso de la Unión.

En el punto 22, que habla de la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, los ministros han refutado la medida apelando a principios constitucionales y a la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios federales. ¿Por qué? pues porque los ministros perciben al año 4 millones 229 mil 555 pesos.

Claro, si hablamos de perder un sueldo de 269 mil 215 pesos al mes, 444 mil 380 pesos por aguinaldo y prima vacacional, así como 554 mil 595 pesos por concepto de pago por riesgo, esto sí debe ser un descabellado sacrificio en un país donde casi la mitad de la población vive con menos de 5 mil pesos al mes, que cercanía puede tener un ministro con las necesidades de la sociedad.

Con todo, Luis María Aguilar Morales, ministro presidente dijo “por fortuna, nuestra Constitución brinda una respuesta equilibrada que vale la pena recordar para el debate”, pero lo que debemos también recordar es que en el sexenio del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa cuando se aprobó por ley en el artículo 217 que el sueldo máximo sería el del presidente de la República y que nadie podría tener una remuneración igual o mayor, casualmente un artículo transitorio dejó a la Suprema Corte de Justicia al margen de esta disposición legal. Esta casualidad no puede ser debatida sino cuestionada.

Y qué hablar de las pensiones vitalicias, tan sólo en 1995, cuando la Corte se redujo de 21 a 11 miembros, algunos que sólo estuvieron en funciones por 9 meses y aún se les pagan jubilaciones de 250 mil pesos, tienen a su disposición a dos asistentes, un auto oficial y gozan de gastos de representación.

Igual debemos recordar que el sueldo de los ministros mexicanos son los más altos del mundo, es decir, tan sólo en comparación con un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los nuestros superan su sueldo mensual en un 93%.

En mano de los ministros igual se encuentra la clasificación de su información, durante 5 largos años nada sabremos sobre contratos, facturas de alimentos, viáticos, hospedaje, transportación, adquisición de botellas de bebidas alcohólicas, compra de vehículos blindados, así como estudios y proyectos, todo por considerarse que pone en riesgo la integridad y su seguridad. Con este pretexto de la “seguridad nacional” al terminar el lapso de reserva de la información, casualmente muchos de los ministros habrán concluido con su periodo constitucional, así que mientras la información es clasificada ellos podrán darse la vida de lujos.

Ahora bien, si para el ministro presidente Aguilar Morales que dijo sentir un honor y un trabajo digno proteger los derechos humanos de los mexicanos, así como impartir justicia, por ese honor deberían ceder sus privilegios para seguir sirviendo de la misma manera en favor del pueblo sólo que con un sueldo reducido progresivamente a la mitad, es decir, sólo ganarán 134 mil 607 pesos mensuales.

Todavía ganaría casi 30 mil pesos más que el próximo presidente López Obrador.

En el caso de otras dependencias que, en su costumbre de ser dispendiosos para competir entre sí para ver la escuela más cara de sus hijos, no se comprometen a su labor pública, sino que se desentienden de su tarea y dedican su esfuerzo a quienes descalifican como dignos de una educación de calidad. Esos funcionarios públicos de la SEP, por ejemplo, que están esperando subir de nivel para meter a sus hijos a una escuela privada, en una franca contradicción de su vida laboral, esa misma que ahora dicen querer y respetar.

Esta vez dan el grito en el cielo por la reducción de sus salarios, muchos de los cuales nunca debieron cobrar lo que ahora cobran. Se olvidaron de que están ahí más por suerte que por méritos. Se dicen indispensables y sólo gozan sus canonjías con un trabajo sin compromiso en lo que hacen, sin estar convencidos de que son servidores públicos. Muchos de ellos déspotas y temidos por sus subordinados, pero que no resisten un examen básico de ortografía.

Esos funcionarios públicos que aseguran vivir ahora una injusticia gozaron de la injusticia inicial que representaron las palancas y las recomendaciones en su mayoría y consideran su puesto como patrimonio familiar. Bastaba ser amigo de uno de ellos para que la familia entera estuviera medrando del presupuesto con puestos de mediana categoría que finalmente se convertirían en los niveles que ahora usurpan. Porque ellos nunca concursaron por el puesto que disfrutan y consideran vitalicio, bastaba estar bien con el jefe. La palabra del jefe era ley y, al mismo tiempo catapulta a nuevos y mejores niveles. Pero nunca se preocuparon por superarse o por comprometerse con el puesto, no lo necesitaban, nadie se los pedía y no se requería.

El salario de la burocracia en todos sus niveles es producto del esfuerzo de la sociedad y no pueden exigir de ese mismo presupuesto preferencias que sólo se basan en favoritismos o compadrazgos. Porque de eso se compuso por muchos años la administración pública.

Los ministros de la corte deben hacer justicia y empezar por ellos, que con sus altos salarios no sólo violentan la ley, sino que ofenden a los mexicanos. PEGA Y CORRE. – La empresa La Veracruzana de Laminados SA de CV, de inversión belga mexicana, reclamó a través de su socio Francisco Javier Peredo Pérez al gobierno del estado el pago por 30 millones de pesos, que representan el monto de tres contratos firmados durante el primer año de administración del exmandatario Javier Duarte de Ochoa. A ver si la alucinación del gobernador no cree que también esa es una empresa fantasma… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

 

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